Guerra ve el acuerdo "en la buena dirección", aunque no se sabrá si es un "acierto total" hasta el voto final

Actualizado 25/01/2006 14:11:34 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, considera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y CiU sobre el Estatuto catalán "va en la buena dirección" porque elimina "aspectos no constitucionales" del texto, pero avisó de que no se sabrá si ese pacto es un "acierto total" hasta que no finalice el debate de la reforma de la Cámara Baja, lo que está previsto para la primavera.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Guerra recordó que algunos dirigentes políticos, como él mismo, habían advertido de la existencia de "algunos problemas de constitucionalidad" en el texto aprobado el pasado mes de septiembre por el Parlament" y destacó que lo que "se está acordando" ahora "va en la dirección de eliminar todos esos aspectos no constitucionales".

Así, destacó que ahora "en un uso de su derecho" los partidos se están reuniendo y llegando a ciertos acuerdos, pero que después esos pactos "tienen que quedar plasmados, modificados o rechazados en los debates en la Comisión y en la Ponencia".

QUEDA AUN "MUCHISIMO CAMINO"

En este sentido, hizo hincapié en que a la reforma aún le queda "muchísimo camino" y que hasta que no se debatan y voten todas las enmiendas no se podrá valorar definitivamente el nuevo Estatuto. "Hasta los últimos días de marzo primeros de abril no podremos saber si es un acierto total o no lo es", apuntó.

Guerra explicó que "dentro de dos semanas", previsiblemente el día 7 de febrero, la Comisión Constitucional designará a los miembros que conformarán la ponencia del Congreso encargada de la tramitación del Estatut. "Se abrirá el debate parlamentario y lo que se acuerde tendrá consecuencias jurídicas y constitucionales", remarcó.

LA ESTRATEGIA "ELECTORAL" DEL PP

El presidente de la Comisión Constitucional se refirió también a la recogida de firmas anunciada por el PP para reclamar la celebración de un referéndum nacional que, a su juicio, "parece más cercana a una estrategia político electoral" que a la profundización en un debate sobre la "cuestión medular", es decir la reforma del Estatut. "Si hubieran meditado un poco y consultado se darían cuenta que desde el punto de vista jurídico legal la iniciativa no es posible", agregó.

Aunque señaló que la actuación del PP "obedece al uso legítimo de la agitación y la propaganda que los partidos políticos pueden hacer", afirmó que el comportamiento del PP "pasa a ser accesorio cuando se están tocando temas medulares que pueden tener tantas consecuencias como la reforma de la estructura del Estado".