La declaración de ediles vascos del PP sobre el uso de despachos municipales por Batasuna se pospone al miércoles

Actualizado 31/07/2006 20:30:11 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La declaración que estaba previsto que hoy prestara ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el concejal del Partido Popular en Ibarra (Guipúzcoa) Javier Igartua, en relación con el presunto uso por ex ediles de Batasuna en su consistorio, se ha pospuesto al próximo miércoles, día 2 de agosto, junto al de Ana Salazar, concejal del PP de Cuartango (Álava).

La Fiscalía les había citado en un primer momento para hoy y mañana, pero Salazar pidió un retraso y Igartua no se ha presentado hoy por un problema en la citación, que se realizó telefónicamente, informó el portavoz fiscal Juan Antonio García Jabaloy.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicó la semana pasada que estas actuaciones se incardinan en las diligencias informativas abiertas tras conocer determinadas informaciones periodísticas que advertían de la celebración de reuniones y otro tipo de actividades por parte de miembros de la extinta HB y Batasuna en las sedes de ambos gobiernos locales.

La declaración de los ediles populares permitirá aclarar si, tal y como éstos han denunciado, ex ediles de Batasuna disfrutan de despachos en dependencias municipales de los que ellos carecen, a pesar de haber obtenido escaño en el Pleno municipal de su ayuntamiento tras las últimas elecciones locales.

Además del interrogatorio de los ediles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto realizar otras diligencias, como requerir informes policiales que certifiquen la realidad del uso de despachos municipales en los dos municipios citados. Esta decisión se toma después de que, el pasado fin de semana, la Fiscalía recibiera informes de los dos ayuntamientos en los que se negaba la asignación de dependencias a miembros de la formación ilegalizada.

La actividad de Batasuna se encuentra suspendida desde el pasado 17 de enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien al día siguiente de dictar su resolución comenzó a ordenar la clausura de locales del partido ilegalizado.