El fiscal pide 18 años de prisión para Vicario Setién por el secuestro de Delclaux en 1996

Actualizado 10/05/2007 17:20:17 CET

Aporta como prueba una maquinilla de afeitar con el ADN del etarra, que no se aportó en el juicio por el secuestro de Aldaya.

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral pidió hoy a la Sección Segunda de lo Penal una condena de 18 años de prisión para los etarras Gregorio Vicario Setién y Josu Ordónez Fernández por su participación en el secuestro el 11 de noviembre de 1996 del industrial vasco Cosme Delclaux, quien permaneció retenido durante 232 días en el mismo zulo en el que estuvo José María Aldaya, ubicado en una nave industrial en Irún (Guipúzcoa).

En la sesión, el representante del Ministerio Público mantuvo su petición de pena para los acusados por un delito de secuestro terrorista y una indemnización de 6.010.121 euros para el padre de la víctima, importe del rescate satisfecho. Además, elevó de 120.000 a 250.000 euros la cantidad que deberán pagar los procesados al propio Delclaux por los daños morales derivados del secuestro, al igual que solicitó el abogado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura.

Vicario Setién y Ordóñez Fernández, que estuvieron toda la vista oral conversando entre ellos, se negaron a declarar ante el tribunal en varias ocasiones. Bajo las medidas previstas para la protección de testigos, Delclaux relató con voz firme cómo sucedieron los hechos desde el 11 de noviembre de 1996 hasta el 1 de julio de 1997, fecha en la que fue liberado en Elorrio (Vizcaya).

"Salí del trabajo a las seis de la tarde y al ir al parking del parque Tecnológico de Zamudio vi a dos personas con corbata que no me llamaron la atención. Al acercarme al coche, uno de ellos me sacó una pistola y me apuntó. Me dijo que no le mirara y que me quería robar el coche, introduciéndome en el interior. Luego apareció el otro y se puso detrás mío encañonándome con su arma", recordó.

"COSAS BANALES".

El empresario explicó que los terroristas le cubrieron la cabeza con una capucha negra, le "empaquetaron" con todo tipo de cosas y le inyectaron un somnífero, metiéndole en el maletero de otro vehículo. "A partir de ahí, al zulo", que medía 90 centímetros de ancho por tres de largo y una altura de 1,94 metros, había "un colchón forrado de plástico negro, un retrete, una mesa y una silla pequeñas de tipo camping y dos altovoces" conectados a una radio mal sintonizada que estuvo encendida durante todo el secuestro.

En algunas ocasiones, según contó, llegó a hablar sobre "cosas banales" con sus captores, a lo que accedió con el fin de mantener por su propio bien una buena relación con los etarras, de quienes aseguró que desde un primer momento se identificaron como miembros de ETA y le manifestaron su intención de llevar a cabo un secuestro económico contra él.

El empresario fue liberado el 1 de julio de 1996 en el término municipal de Elorrio, donde se le encontró atado a un arbol. Para ello, la familia de Delclaux pagó un rescate de 1.100 millones de pesetas de los 2.500 millones de pesetas reclamadas por los terroristas, tal y como relató el hermano del empresario, Álvaro Delclaux.

En su declaración ante la Sección Primera de lo Penal, Álvaro contó que la organización terrorista pidió el rescate a la familia mediante una carta que iba acompañada de una bala. Añadió que entonces su hermano pasó a ser "un objetivo prioritario" de ETA y agregó que, una vez que ya estaba en libertad, volvieron a recibir misivas de la banda armada reclamando intereses por el pago.

PRUEBAS DIRECTAS.

Durante la exposición de su informe, el fiscal argumentó que existe "una batería de pruebas directas" contra Vicario Setién, aludiendo tanto a una maquinilla de afeitar que se encontró en el zulo con el perfil genético del etarra como a seis notas manuscritas con su ADN que se localizaron detrás de unas placas de matrícula en la nave industrial.

En el juicio por el secuestro del empresario José María Aldaya, la Sección Primera de lo Penal absolvió a Vicario Setién por falta de pruebas, puesto que ni el fiscal Ignacio Gordillo ni la AVT aportaron el informe pericial que daba constancia de que el ADN de una maquinilla de afeitar correspondía al etarra. En esta ocasión, dicho informe fue ratificado en la sesión por los policías que lo realizaron.

El fiscal también se refirió como prueba de cargo contra los procesados a las declaraciones policiales prestadas por los ya condenados por estos hechos Francisco Javier Ramada, la persona que construyó el zulo, y por Sagrario Yoldi, que alojó a los terroristas en su domicilo.

A pesar de que ambos aseguraron ante el tribunal que no recordaban los hechos, el fiscal apuntó que las pruebas directas que obran en la causa constituyen elementos objetivos para corroborar dichas manifestaciones.

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