El preso, que mantiene "adhesión plena" a ETA, quería que se le suspendiese la condena alegando problemas mentales y conductas suicidas
MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha decidido el traslado del preso de ETA Aitzol Gogorza desde la cárcel de Basauri (Bilbao) hasta un centro psiquiátrico penitenciario, según el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal al que ha tenido acceso Europa Press. Este es uno de los terroristas para los que el entorno etarra pedía la inmediata liberación por motivos de salud, un extremo al que se han opuesto los jueces al considerar que se trata de "una persona muy peligrosa que en libertad representaría un peligro muy evidente para personas y bienes".
En concreto, Gogorza había solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la suspensión de su condena debido a su estado mental, lo que supondría su inmediata liberación. Fue condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2006 a 20 y dos meses de cárcel por tentativa de homicidio terrorista y tenencia de armas. El preso alega que desde hace 10 años sufre un trastorno obsesivo compulsivo, acompañado de síntomas psicóticos y un trastorno depresivo que le ha llevado en varias ocasiones a intentar suicidarse.
Según un informe de la cárcel remitido al juzgado, Gogorza muestra "una adhesión plena a los postulados de ETA y de apoyo a la actividad de la banda, posicionamiento que transmite de manera continuada". Además sigue "validando el uso de la violencia para la obtención de fines políticos", muestra "orgullo por su militancia en ETA", un "discurso rígido y cerrado" con "nula autocrítica". Tiene pendiente de pagar una indemnización de 180.000 euros.
En un auto fechado el pasado 22 de julio, el tribunal que integran los magistrados Fernando Grande Marlaska, Nicolás Poveda y Ramón Sáez Valcárcel consideran que no procede suspender la pena que debe cumplir en España dado su "peligrosidad", pero añade sobre el modo de cumplir esa pena que se "impone su ingreso en un psiquiátrico penitenciario, en donde podrá recibir el mejor tratamiento posible para el cuidado de su salud y persona". La Fiscalía también se oponía a la suspensión de su condena.
INFORMES FORENSES
La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha tenido en cuenta dos informes de los forenses de la Audiencia Nacional. Ambos coinciden en que su enfermedad no le impide ser conocedor del alcance y las consecuencias de sus delitos cometidos. "No altera las capacidades psíquicas superiores necesarias para que sea capaz de conocer la realidad, sus actos y las consecuencias de los mismos, permitiéndole mantener el juicio crítico". Además añaden que no le impide "conocer el sentido de su pena".
En uno de los informes, los forenses incluso se preguntan si los intentos de suicidio "recurrentes llevados a cabo por Aitzol Gogorza son ciertos y no fruto de una manipulación con el fin de obtener beneficios penitenciarios". Pese a ello, los forenses de la Audiencia Nacional no se oponen a su ingreso en un psiquiátrico penitenciario "si los posibles tratamientos a aplicar exceden las capacidades del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto donde es atendido" Gogorza.
Además, la Audiencia Nacional solicitó un tercer informe, en este caso al doctor director del Instituto Vasco de Medicina Legal Clínico Forense de Bilbao, quien aseguró que "desde que se diagnosticaron los trastornos mencionados han de considerarse 'incurables' dada la refractariedad ante los tratamientos prescritos" y que el "riesgo de conducta suicida es elevado".
No obstante, pese a que admite que "un ambiente distinto a la cárcel ejercería una influencia positiva", añade que no puede "acreditar ni la evolución de los trastornos ni el riesgo de suicidio" fuera de prisión "ya que esa circunstancia nunca se ha dado".
TAMBIÉN PIDIÓ CUMPLIR LA PENA EN CASA
Gogorzta, que está acogido a un plan de prevención de suicidios, había intentado otras vías legales para quedar en libertad. Además de acudir a la Sala de lo Penal, también solicitó ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que le concediese el artículo 100.2 en combinación con el articulo 86.4, mediante el cual el preso podría seguir cumpliendo su condena en su domicilio sujeto a una serie de medidas de control como, por ejemplo, una pulsera telemática.
Pero en otro auto dictado el pasado viernes, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, tampoco accedió a concederle tal privilegio ya que atendiendo a criterios jurídicos no cumple los requisitos exigidos como el tiempo de condena o el arrepentimiento. Tampoco cumpliría los requisitos desde un punto de vista médico para que se le concediese el 100.2 (como se le otorgó en su día a De Juana Chaos tras su huelga de hambre).
"Vistos los informes médicos obrantes en autos, el interno no se encuentra en una situación de enfermedad que permita la aplicación del régimen de vida pretendido", sostiene el juez de Vigilancia Penitenciaria en su auto al que ha tenido acceso Europa Press. Sin embargo, el magistrado también plantea la posibilidad de un ingreso en un centro psiquiátrico "si se estimase necesario y previo trámite legal ante el órgano judicial competente".
IPARRAGUIRRE, EL PRÓXIMO CASO
De este modo, la Audiencia Nacional ha tumbado el primero de los dos casos en torno a los que el entorno proetarra está centrando sus reivindicaciones para lograr la excarcelación de presos enfermos. Tras Gogorza, en las próximas semanas la Audiencia Nacional tendrá que decidir también sobre el caso de Ibon Iparragirre, afectado por una enfermedad incurable y actualmente en prisión donde cumple condena por la colocación de un coche bomba con 100 kilos de amonal contra una comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya) en septiembre de 2008, en el que resultaron heridas 18 personas.
Iparraguirre ya había sido condenado por otras actividades relacionadas con ETA, pero se encontraba en situación de prisión atenuada desde octubre de 2011 por motivos de salud. Volvió a la cárcel en marzo de este año por orden de la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo confirmase su condena por el ataque a la comisaria de Ondarroa.
