Reclaman activar mecanismos contra España "para garantizar que se juzguen delitos de lesa humanidad" cometidos en suelo europeo
BRUSELAS, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los eurodiputados Izaskun Bilbao (PNV), Marina Albiol (IU), Miguel Urbán (Podemos), Josep-Maria Terricabras (ERC), Ernest Maragall (NEC), Ernest Urtasun (ICV) y Josu Juaristi (EH Bildu) han denunciado ante la Comisión Europea "el grave problema de la impunidad de los crímenes franquistas y la resistencia del actual Gobierno español a cerrar esta herida" y le han reclamado que "active los mecanismos establecidos en el marco para prevenir amenazas sistémicas del Estado de Derecho en la UE" que, en el peor de los casos, podría llevar a la suspensión del derecho de voto de un país en la Unión.
"Este mecanismo europeo debería garantizar al menos que se juzguen todos los delitos de lesa humanidad que puedan haberse cometido en suelo europeo", han justificado en una carta dirigida al vicepresidente primero de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho y de la Carta de Derechos Fundamentales, Frans Timmermans, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Los eurodiputados han subrayado que "España ostenta el triste récord de ser el segundo país del mundo, tras Camboya, con más desapariciones forzosas" vinculadas a la dictadura y que "muchas familias" buscan "aún" a sus familiares y piden "verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición". Y han recordado que el propio relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en su informe de 2014 ha solicitado "que la justicia investigue, esclarezca y en su caso, condene a los responsables de los crímenes" franquistas.
La petición, explican, tiene por objetivo "superar la resistencia de la justicia española" y contribuir "al normal desarrollo de las actuaciones de la justicia argentina" a la que han acudido varias organizaciones de víctimas en 2013 tras denunciar "la rotunda negativa de las autoridades españolas a colaborar con la investigación". Así, recuerdan que la jueza argentina encargada del caso, Maria Servini de Cubría, no ha podido interrogar, pese haberlo solicitado a España, a 19 de las personas acusadas de "delitos de lesa humanidad", incluyendo a los exministros de la dictadura Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, y el policía Antonio González Pacheco.
"La decisión de las autoridades españolas vulnera en nuestra opinión, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, las decisiones marco 2008/913/JAI y 2007/126/JAI, el acervo comunitario en materia de atención a las Víctimas de delitos, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y políticos y las recomendaciones internacionales sobre memoria histórica", han alertado en su misiva, en la que denuncian la "discriminación" de las víctimas del franquismo frente a las de otros regímenes totalitarios como el nazismo o el estalinismo, que sí han obtenido reparación en otros países.
Bilbao ha justificado la necesidad de que intervengan las instituciones europeas para "corregir esta situación" que "pisotea los principios de justifica universal" y ha dejado claro que no buscan "reabrir heridas" sino "dejar patente" que "decenas de miles de personas siguen pidiendo verdad, justicia, reparación y la no repetición" y ha insistido en que el diálogo "tendría que ser el primer paso" del proceso.
"Nos parece vergonzoso que las últimas decisiones sobre la querella argentina las haya tomado un Gobierno en funciones", ha denunciado, insistiendo en que se trata de crímenes de "lesa humanidad" y recordando que el Gobierno alemán hace "ya muchos años" reconoció "su error" e incluso indemnizó al municipio de Guernica por los bombardeos de hace 79 años.
Urbán ha considerado "intolerable" que "el Gobierno en funciones está amparando a torturadores" y ha manifestado su "repudio y condena" a su decisión de "impedir que la justicia pueda actuar", al tiempo que ha lamentado que España "el único país en Europa que no ha podido juzgar a sus dictaduras y sus criminales". "No es una cuestión del pasado, sino del presente y del futuro", ha zanjado.
Por su parte, Terricabras ha defendido que su reivindicación es "absolutamente democrática" y la Unión Europea tiene que "reaccionar" y ha incidido en que tanto "aquellos culpables que se puedan pasear por la calle" como el hecho de que calles y lugares exhiban "elementos de la dictadura" deben "ser puestos en evidencia".
Albiol ha instado a la Comisión Europea a implicarse en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación y active "todos los mecanismos posibles" para que "no pueda continuar la impunidad" y se juzguen "delitos de lesa humanidad".
