MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de la localidad malagueña de Tolox Juan Vera ha sido condenado en otras tres causas por delito urbanístico. Así, se le impone 15 meses de prisión y 10 años de inhabilitación en cada una de las sentencias dictadas recientemente, en este caso, por el Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga, que absolvió al exregidor en una causa, tras retirar el fiscal la acusación en el juicio.
Dicho juzgado acogió en febrero pasado seis juicios contra Vera por conceder licencias supuestamente irregulares, con las que se daba vía libre a la construcción de viviendas en distintas zonas del municipio. En cinco de las vistas, el fiscal modificó su petición inicial de un año de prisión por la de dos años de cárcel y en una, el ministerio público retiró la acusación.
En las tres sentencias condenatorias, a las que ha tenido acceso Europa Press, se estima probado que el entonces alcalde y el ex arquitecto técnico municipal, también acusado pero que mostró su acuerdo con una pena de multa solicitada por la acusación al final del juicio, se pusieron de acuerdo para "proceder al crecimiento urbanístico del municipio".
Según el juez, los acusados eran "plenamente conscientes" de que las viviendas "no respetaban las normas vigentes y aplicable" en el municipio, apuntando que en ese momento, la localidad no tenía un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, por lo que la normativa aplicable era la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Así, en un caso, en febrero de 2006, el exalcalde concedió la licencia para la construcción de 131 viviendas en suelo no urbanizable, tras un informe favorable del arquitecto, pero en contra de la normativa. Este permiso de obras fue anulado en septiembre de 2009 por un juzgado contencioso-administrativo.
En la segunda causa, en diciembre de 2005, se concedió la licencia para 50 viviendas plurifamiliares en una parcela situada en suelo no urbanizable, permiso que también fue anulado en 2011 por el juzgado; mientras que en otro expediente, se autorizaron dos bloques con 31 viviendas y piscina, licencia igualmente declarada no conforme a derecho.
El juez señala que "resulta evidente que ambos acusados actuaron de común acuerdo, informando favorablemente y concediendo licencias para la construcción de viviendas que claramente no se ajustaban a la legalidad", ya que, añade, "ninguna lógica" tiene que el arquitecto hiciera informes favorables sabiendo esa ilegalidad --como admitió-- "si esto no lo hacía por encontrarse en connivencia con el alcalde".
Además, en los fundamentos de derecho se incide en que aunque cada caso es sobre una licencia concreta "no puede dejar de encuadrarse en todo el entramado pretendido de crecimiento desmesurado de la localidad", incidiendo en que "en un informe se refiere que el municipio cuenta con 865 viviendas y se pretenden construir 2.279 nuevas".
Asimismo, en las sentencias se hace hincapié en las declaraciones de la que era secretaria del Ayuntamiento, quien manifestó que "recibía presiones del alcalde para que ella emitiera informes favorables y que, precisamente se le retira dicha función por no ser sus informes del agrado del regidor". Tampoco acoge la alegación de Vera de que no tenía conocimientos de urbanismo.
Aunque inicialmente Vera fue absuelto en algunas causas urbanísticas, actualmente cuenta con al menos cinco resoluciones condenatorias firmes, tras haber sido confirmadas por la Audiencia, todas por delitos contra la ordenación del territorio y por juicios celebrados en el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, quien inició la ejecución de las sentencias.
Posteriormente, dicho juzgado rechazó suspender la ejecución, tras oponerse a esa petición la Fiscalía malagueña; y dio un plazo al exregidor para que ingrese voluntariamente en prisión para cumplir la pena; aunque la defensa pidió una nueva suspensión y sustitución por multa, asunto que está aún pendiente de resolver, según han apuntado fuentes judiciales.
Vera anunció su decisión de dimitir como alcalde después de que la Audiencia malagueña confirmara la primera de las condenas. En cada una de las resoluciones condenatorias firmes que tiene, ratificadas por distintos tribunales de Málaga, se le ha impuesto una pena de 15 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
