SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los exaltos cargos de la Junta de Andalucía y extrabajadores de Vitalia que han comparecido este martes ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, tal y como ya hicieron en la jornada de este lunes otros cinco exaltos cargos, han informado a Europa Press fuentes del caso.
La magistrada Mercedes Alaya había citado este martes a los exdirectores generales de Trabajo de la Junta Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y a los exdirectores generales de la agencia IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde, así como a los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín, Jesús Bordallo y Eduardo Pascual, que salió en libertad el pasado mes de junio tras pagar la fianza de 6.000 euros que le impuso Alaya.
Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones ha solicitado medida cautelar alguna para los encausados, cuyas ampliaciones de las imputaciones guardan relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.
En relación a estos expedientes, este lunes ya comparecieron ante la magistrada los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar y, al finalizar la comparecencia, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones solicitaron nuevas medidas cautelares para ellos.
Este lunes también compareció ante la juez el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler, que también se negó a declarar aunque en su caso en relación a la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación.
Hay que recordar que la juez Alaya dictó un auto a principios del presente mes de septiembre en el que ampliaba la imputación de una serie de personas, entre ellas los exaltos cargos citados, e imputaba en la causa a otras 20 personas a las que también ha citado a declarar en los próximos días.
Entre los nuevos imputados se encuentra el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta, Antonio Lamela, citado a declarar el próximo jueves y a quien imputa por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva.
