Rubio (PSPV) afirma que sus asesores "desempeñaban las labores por las que fueron contratados" y descarta dimitir en el Ayuntamiento
VALENCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Exdiputados de la Diputación de Valencia han negado ante el juez que instruye el caso Imelsa haber tenido 'zombies' a su cargo, con lo que han justificado los trabajos de los asesores que dependían de ellos en la empresa pública Imelsa, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.
Así se han defendido los exdiputados provinciales Rafael Rubio y Raúl Pardos (PSPV) y Salvador Enguix (PP) en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, donde este viernes estaban citados a declarar como investigados en la pieza de los 'zombies' del caso Imelsa, en la que se investiga la contratación de personas que no habrían ido a trabajar y el pago de indemnizaciones irregulares en el seno de Imelsa.
Los exdiputados han justificado los trabajos de sus asesores y han negado haber cometido ningún tipo de irregularidad. En concreto, Rafael Rubio, actual asesor del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia y coordinador de Urbanismo en esta Concejalía, ha explicado, en una comparecencia que se ha prolongado unos 15 minutos, que sus asesores "desempeñaban las labores por las que fueron contratados", por lo que ha negado la existencia de ningún 'zombie' en lo que a él le concierne.
En total, ha dicho que tenía a dos asesores adscritos a su cargo, que trabajaron con él y en la sede del PSPV en la corporación provincial. Los primeros se nombraron en enero de 2008 y se les realizó un contrato por obra vinculado a que él mantuviera el puesto de consejero en Imelsa. Estas personas --ha indicado al juez-- hacían servicios técnicos de asesoramiento. "Si yo me iba o cesaba antes, ellos también se iban. Si no, cuando acabase mi mandato, ellos cesaban inmediatamente", ha afirmado.
En septiembre de 2010 --ha proseguido-- se aprobó una ley estatal por la que se modificaba la contratación en el mercado laboral y contemplaba que si una persona estaba contratada por obra y llevaba más de tres años en la misma empresa, se le debía efectuar un puesto fijo.
Esta situación, ha dicho, "generaba un conflicto" con los asesores que tenía a su cargo, con lo que como el 15 de enero de 2011 estas dos personas cumplían tres años desempeñando sus trabajos en Imelsa, cesaron y Rubio pidió otros dos asesores hasta que en junio acabase la legislatura.
"Como había dotación económica", ha agregado, le permitieron que contara con dos asesores más, a los que se les contrató el 1 de marzo. Estas personas desempeñaron sus funciones cuatro meses, hasta el 30 de junio de 2011, cuando finalizó la legislatura, ha expuesto. Y "desempeñaron la labor para la que fueron contratos", ha reiterado.
Por este motivo, Rubio ha señalado que está "tranquilo": "Estaba tranquilo antes y ahora también, después de declarar ante el juez, pero me cabrean ciertas cosas, porque la condena mediática siempre la tienes. Esto va en los gajes", ha lamentado.
Preguntado por si piensa dimitir de su cargo actual en el Ayuntamiento, Rubio ha indicado que tiene un nombramiento de designación, que le nombró una Junta de Gobierno, con lo que no se trata de un puesto electo. En cualquier caso, ha señalado que se mantiene: "Si alguien dice que tengo que irme... Pero bueno, yo no estoy investigado por ningún delito económico ni por haberme llevado un céntimo". "Yo no estoy en ninguna cosa de llevarme dinero. Si me dicen lo contrario, haré lo que tenga que hacer, pero yo mantengo mi defensa", ha repetido.
EN LA DIPUTACIÓN
Por otro lado, técnicos de la Intervención General del Estado, que actúan como peritos judiciales en el caso, llevan instalados desde mitad de septiembre en una sala de juntas de Divalterra para tener acceso a la documentación con la que elaborar un informe económico sobre los movimientos efectuados en los años investigados por presunto fraude dentro de la causa de Imelsa, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la actuación.
Los técnicos están evaluando todo tipo de documentación, entre las ayudas para campos de césped o cualquier tipo de subvención de Divalterra --antigua Imelsa--, generalmente fondos europeos de talleres de empleo, han concretado.
La Diputación decidió ceder esta sala de juntas a los técnicos para facilitarles el trabajo, dentro de su planteamiento de colaborar "al máximo" con la investigación judicial, han señalado desde la corporación provincial. "Así hay una relación más cotidiana, más fluida y operativa", han insistido.
De esta forma, "ganan" las dos partes, han señalado. Los técnicos, porque tienen un mejor acceso a toda la documentación, y también la corporación provincial, porque de otra manera solo trabajaría para facilitar toda la información que se les solicitase.
