Alain Cuenca, del Comité de Expertos en financiación autonómica, asegura que las cifras para el cálculo del Cupo son "inventadas"
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente y portavoz de la Plataforma Ahora y exdiputado en el Parlamento vasco por UPyD, Gorka Maneiro, ha advertido de que la "sobrefinanciación" del País Vasco como consecuencia del cálculo del Cupo "se utiliza para impulsar políticas nacionalistas de avance hacia la independencia".
Maneiro ha asegurado además que tanto el Gobierno como el PNV saben "perfectamente" que en la actualidad existe una "sobrefinanciación" en esta región, y ha garantizado que la formación nacionalista vasca quiere "calcular mal" el Concierto Económico con el Estado para beneficiarse de ello. "Dan razones políticas para defender el Cupo, nunca cifras", ha apuntado.
El que fuese portavoz nacional de UPyD ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en Madrid junto a Alain Cuenca, miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Común, y Víctor Gómez Frías, militante del PSOE. Los tres han protagonizado este acto conjunto para solicitar al Defensor del Pueblo sendas peticiones para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Cupo Vasco, aprobada en noviembre de 2017.
Todos ellos entienden que el actual cálculo del Cupo vulnera los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, recogidos en la Carta Magna, y que fomenta las diferencias entre los ciudadanos en función de dónde viven.
TRES PETICIONES CON EL MISMO OBJETIVO
Gómez, Cuenca y Maneiro solicitaron al Defensor del Pueblo la interposición de este recurso de inconstitucionalidad los pasados 29 de diciembre, 6 de enero y 12 de enero, respectivamente, y ahora esperan que el Defensor se pronuncie antes del 2 de abril, fecha límite para que esta institución presente dicho contencioso.
Tanto el presidente de la Plataforma Ahora como Cuenca, profesor de Economía Pública en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), consideran que la Ley del Cupo votada en el Congreso de los Diputados atenta contra los artículos 138.1, 138.2 y 139.1 de la Constitución.
El 138.1 dice que el Estado garantizará el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2; el 138.2 recuerda que los diferentes estatutos autonómicos no pueden traducirse en privilegios económicos o sociales; y el artículo 139.1 afirma que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado.
DOS DE LAS CCAA MÁS RICAS RECIBEN DINERO DEL RESTO
Asimismo, Cuenca ha criticado que la segunda y la tercera región con más PIB per cápita de España, País Vasco y Navarra, "reciben dinero del resto de España". Ha incidido en que el País Vasco aporta 27 millones de euros al Fondo de Compensación Interterritorial, mientras que Cataluña, con una renta per cápita similar, contribuye con entre 900 y 1.000 millones de euros al año.
El experto en financiación autonómica ha asegurado además que en el cálculo del Cupo existen "errores, incorrecciones y datos inventados". Según él, tanto el IPC del País Vasco como las cargas asumidas y no asumidas del IVA autonómico son cifras "inventadas".
Cuenca ha afirmado que los también miembros de la Comisión de Expertos Roberto Fernández Llera (Asturias) y Francisco Pedraja (Extremadura) son "proclives" a pedir amparo al Defensor del Pueblo contra la Ley del Cupo Vasco.
EL PNV, "LLAVE" PARA EL GOBIERNO
Por su parte, Gómez, que acudió al Defensor del Pueblo por esta cuestión en calidad de ciudadano particular, ha recordado que aunque la Constitución no reconoce un derecho a la transparencia --en referencia al cálculo del Cupo--, sí recoge la igualdad y la solidaridad entre españoles. Según este militante socialista, el Cupo actual es resultado de que el PNV sea "llave" para la formación de gobierno y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
La presente Ley del Cupo Vasco salió adelante en la Cámara Baja por mayoría absoluta, aunque, por primera vez, más de un 10 por ciento de los diputados votó en contra de su aprobación. No obstante, los 32 parlamentarios de Ciudadanos y los cuatro de Compromís no alcanzan los 50 necesarios para impulsar desde el Congreso un recurso ante el Tribunal Constitucional.
