Un experto en el cupo vasco dice que el acuerdo es político, no técnico, y que falta transparencia sobre el cálculo

Azpiazu y Montoro, acuerdo Cupo
GOBIERNO VASCO
Publicado 07/05/2017 11:39:50CET

El Congreso debe aprobar la ley quinquenal que recoge el pacto y que incluirá un anexo con las grandes cifras

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra del cupo vasco que Euskadi pagará al Estado es el resultado de un pacto político y no técnico, sobre el que falta transparencia acerca de cómo se han calculado tanto los 1.400 millones de euros que el Gobierno devolverá al Ejecutivo autonómico, como los 956 millones del cupo provisional que se pagará en 2017.

Este es el criterio del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, experto en los regímenes forales, acerca del pacto anunciado esta semana por el que, de un lado, se actualizará el pago del cupo y se renovará la ley que lo regula y, por otro, el PNV apoyará los Presupuestos Generales del Estado.

Zubiri afirma en declaraciones a Europa Press que el acuerdo es un logro del Gobierno vasco porque se recogen las grandes cifras que reivindicaba desde que se encalló la negociación, aunque admite que no hay información sobre cómo se ha llegado a ellas. "Si se repite lo que ha pasado en todas las leyes anteriores, simplemente conoceremos cifras globales, no el detalle, una cantidad que no se sabe cómo se ha obtenido de forma consistente", explica.

El cupo es el pago que Euskadi hace al Estado en compensación por lo que se calcula que el Estado gasta en beneficio del País Vasco, por aquellas competencias que no están transferidas, además de una aportación al fondo de compensación interterritorial, entre otros conceptos. El índice de cálculo es la renta del País Vasco y no su población.

Se recoge en una ley quinquenal que está sin actualizar desde el año 2007 por discrepancias entre ambas administraciones y que ahora deberá aprobar el Congreso de los Diputados. El acuerdo que se acaba de anunciar, según Zubiri, "es tremendamente beneficioso para el País Vasco, que ha sabido esperar a que su voto (en el Congreso) valiera mucho". Y agrega: "Lo que tiene que explicar el Gobierno es por qué paga ese precio por estos votos".

650 EUROS PER CÁPITA

Por un lado, el pacto supone que el Estado devolverá 1.400 millones de euros a Euskadi al admitir que los cobró de más desde 2007 hasta el año pasado. El dinero se descontará del cupo de los próximos cinco ejercicios: el 10% este año, el 15% el próximo, el 20% en 2019, el 25% en 2020 y el 30% restante en el quinto año.

Zubiri asegura que lo que de momento se sabe sobre cómo se ha calculado esa cifra son "conjeturas". Por un lado, se alegan diferencias sobre cómo se ha actualizado el cupo año tras año, aunque en teoría el índice "está bien definido" en la ley; por otro, sobre lo que cuestan las competencias transferidas, en concreto, las políticas activas de empleo que asumió Euskadi en 2010 y que son por tanto también descontadas de ese cupo.

"Los detalles no los conocemos, no hay información. La solución tiene más que ver con un acuerdo político que técnico", expone el especialista, que asegura que para el Estado esos 1.400 millones son asumibles pero que para Euskadi es "un logro espectacular", que distribuido per cápita le supone unos 650 euros por habitante.

La otra pata del acuerdo es el cupo que las Haciendas forales pagarán a la estatal este año. Provisionalmente se ha fijado en 956 millones: 1.300 millones iniciales menos los 344 que se calcula que cuestan las políticas activas de empleo. Esa será la cantidad base sobre la que se calculará el cupo de los próximos cuatro años.

UNA NORMA POCO TRANSPARENTE

Ignacio Zubiri adelanta que habrá que esperar al contenido de la ley quinquenal, pero que si sigue la senda de las leyes anteriores "simplemente recogerá cifras globales". "Hace falta transparencia sobre el sistema foral, no creo que con la nueva ley vayamos a tener más claridad", agrega.

La norma de 2007, la última aprobada, contiene una quincena de artículos que recogen el método de cálculo y un anexo con una docena de grandes partidas: el gasto del Estado recogido en su Presupuesto, del que se restan las cargas asumidas por Euskadi, al resultado se le aplica el índice de imputación y sale el cupo, al que aún se le restan o suman ajustes y compensaciones por tributos e impuestos varios o por otros conceptos.

Esta es la ley que tendrán que redactar el Gobierno y Euskadi en comisión mixta y que quieren acordar en julio para su remisión al Congreso de los Diputados, con la intención de que sea aprobada antes de que acabe el año. En la Cámara Baja ha anunciado ya el voto en contra Ciudadanos, pero la norma tendrá previsiblemente el apoyo de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que respaldan el acuerdo en el País Vasco.

UN SISTEMA PARA COMUNIDADES PEQUEÑAS

Tras cinco años de retraso, el pacto sobre el cupo y la ley quinquenal llega cuando precisamente el Gobierno negocia con las comunidades autónomas del régimen común una reforma del sistema de financiación autonómica. A su juicio, sin embargo, un asunto no tiene por qué complicar el otro.

Ignacio Zubiri asegura que aunque el sistema foral es "beneficioso" para Euskadi y Navarra, que reciben entre un 40 y un 60 por ciento más de recursos por habitante, no sería ventajoso para otras comunidades, que a su juicio son conscientes de ello. Si las excepciones forales se mantienen, agrega, es también porque afectan a dos autonomías pequeñas.

"La mayoría de comunidades dicen que el sistema foral es una injusticia, pero no es su batalla porque no les iría demasiado bien", asegura este experto, que añade que sí mejoraría la situación de Madrid, Cataluña y Baleares. "Este acuerdo puede reforzar la idea en Cataluña de que estar en el régimen común no les interesa", asegura.

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