El testaferro de Bárcenas denuncia que se ha utilizado "ilícitamente" la documentación suiza para imputar delitos fiscales
MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El abogado del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales, ha pedido que se retire la acusación contra su defendido en el juicio de la pieza 'Época I: 1999-2005' de la trama Gürtel y ha asegurado que la Audiencia Nacional no tiene "competencia funcional" para juzgar a su defendido. Del mismo modo, la defensa de su hijo ha destacado que este tribunal no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre un delito que ya está siendo juzgado en otro país.
El abogado Ernesto Jiménez ha defendido contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que no hay ninguna autorización de las autoridades suizas que se pueda trabajar fiscalmente. De hecho, ha recordado que aún queda pendiente de práctica de prueba unas comisiones rogatorias a Suiza de una "determinada información" relacionada con Sanchís Perales.
Así, el letrado ha asegurado, durante la exposición de cuestiones previas, que la "Sala no tiene competencia funcional para juzgar" a su cliente por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.
Además, Jiménez ha señalado la "irrealidad" del programa informático de notificación judicial que, a su juicio, produce una "absoluta indefensión" y se ha adherido a las cuestiones previas planteadas por otros letrados sobre a las prescripciones de delitos y defectos de forma.
SU HIJO TAMBIÉN DICE QUE NO PUEDE SER JUZGADO
Por su parte, la defensa de Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de Alianza Popular, también ha subrayado que no se puede someter a la "jurisdicción" del tribunal formado por Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, ya que está siendo juzgado por el delito de blanqueo de capitales en Argentina.
"Hemos tratado de colaborar con la Sala y nos encontramos con una comisión rogatoria", ha lamentado el abogado de Sanchís Herrero. Ha añadido que no se han presentado ningún cargo distinto contra su defendido y, por tanto, el delito del que se le acusa debe ser juzgado en el país sudamericano.
La Fiscalía solicita para Sanchís Perales ocho años de cárcel por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales; y seis años de prisión para su hijo por blanqueo de capitales.
Por otro lado, el abogado del exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino ha vuelto a pedir que se llame a declarar al organizador de eventos Jesús Merino Calvo, cuya testifical ya fue rechazada durante la instrucción, para aclarar que puede existir una confusión entre esta persona y su cliente.
SE UTILIZA LA DOCUMENTACIÓN SUIZA PARA IMPUTAR DELITOS
Durante el turno de la defensa del supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, Iván Yáñez, ha denunciado que se ha "venido utilizando" la documentación solicitada a Suiza para imputar delitos fiscales a Bárcenas y, por tanto, uno de ellos a su defendido como cooperador necesario.
En esta línea, ha pedido a la Sala que esta imputación se considere "no hecha" ya que "el uso de la documentación es ilícita, el principio de especialidad ha sido vulnerado".
De hecho, ha hecho hincapié en que en Suiza el delito fiscal no es equiparable al reconocido en España, ya que la ocultación de fondos en el país helvético es penado con una "mera" sanción administrativa y, al igual que ha hecho Sanchís Perales, ha denunciado que Anticorrupción quiere hacer uso de unos documentos que no tienen el visto bueno de las autoridades suizas.
La defensa de Yáñez ha afirmado que durante la instrucción se ha utilizado contra su cliente hechos que no son "objeto de acusación", y que, además, no están en el auto de transformación a procedimiento abreviado, para "inventarse" delitos fiscales y poder, así, pedir comisiones rogatorias a Suiza y cambiar el escrito de acusación. " Esto no lo puede tolerar la Sala, ni debe tolerarlo", ha apostillado.
Como otra de las cuestiones previas presentada, el abogado José Lozano ha indicado que su representado vulnerado el derecho a la defensa. Según ha constatado, durante la instrucción sólo se le ha investigado de un delito de blanqueo de capitales, mientras que en 2015 se encontró con una "acusación sorpresiva" por el delito contra la Hacienda Pública, del cual no ha podido presentar pruebas para demostrar su inocencia.
Por último, ha solicitado al tribunal el desbloqueo parcial de sus cuentas, concretamente la liberación de 10.000 euros mensuales desde este momento hasta que finalice el procedimiento, para poder pagar los honorarios de sus abogados; así como la dispensa de su defendido de asistir a todas las sesiones del juicio.
