Los extranjeros mayores de 16 años y con residencia legal podrán apoyar iniciativas legislativas populares en Cataluña

Actualizado 25/01/2006 13:26:50 CET

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los extranjeros mayores de 16 años y con el correspondiente permiso de residencia podrán suscribir iniciativas legislativas populares, según el proyecto de ley aprobado por la ponencia parlamentaria que ultima el texto para su debate y votación por el pleno del Parlament. El proyecto de ley rebaja de 65.000 a 50.000 las firmas exigidas para la presentación de propuestas normativas por parte de la ciudadanía y permite que los mayores de 16 años, con la "condición política de catalanes" o extranjeros regularizados, puedan ejercer este derecho.

La propuesta cuenta con el apoyo de PSC, ERC e ICV, mientras que el PP insiste en sus enmiendas en que la edad mínima se mantenga en los 18 años en ambos casos. Por su parte, CiU ha enmendado además la legitimación de los extranjeros para participar en estos procesos legislativos.

El proyecto de ley actualiza la actual normativa aprobada en 1995 sobre la iniciativa legislativa popular, que limitaba a los mayores de edad inscritos en el censo electoral y sin ningún tipo de inhabilitación la participación en este tipo de procesos.

Esta medida obliga a habilitar a las secretarías de los ayuntamientos para poder acreditar el empadronamiento de los firmantes, ya que los menores de 18 años no figuran en el censo electoral. Esta función también la podrá llevar a cabo el Instituto de Estadística de Cataluña.

Además, mientras no haya ley electoral catalana, las funciones de control que la ley asigna a la Junta Electoral las realizará una comisión formada por tres catedráticos de derecho constitucional y ciencia política, un representante de cada grupo parlamentario y un miembro de la Mesa del Parlament.

50.000 FIRMAS EN 120 DÍAS.

El proyecto de ley también reduce de 65.000 a 50.000 las firmas válidas exigidas para que la iniciativa se tramite en el Parlament, lo que significa aproximadamente un 1% del censo electoral, y se amplía de 90 a 120 días, prorrogable por causas justificadas, el proceso de recogida de firmas. El PP plantea ampliarlo a 150 días hábiles.

Además, el proyecto prevé una disposición adicional por la que el Gobierno catalán se compromete a dictar las instrucciones pertinentes para facilitar la firma electrónica en la presentación de las iniciativas populares y garantizar la eficacia y la seguridad de este medio telemático.

Igualmente, se prevé que la comisión promotora de la iniciativa pueda estar presente en las diferentes fases de la tramitación parlamentaria, aunque no se detalla ni precisa si pueden intervenir o retirar la iniciativa en el caso que ésta quede desvirtuada durante el proceso de negociación parlamentaria.

Ese fue el caso de la iniciativa legislativa popular para prohibir la incineración de residuos que llegó al Parlament acompañada de 100.000 firmas en octubre de 1998 y que fue aprobada en el año 2000 convertida en Ley Reguladora de la Incineración.

Junto a ésta, el Parlament de Cataluña ha aprobado en sus siete legislaturas otras dos iniciativas legislativas populares. La última, aprobada esta legislatura, comprometía al Gobierno a crear 30.000 plazas de guardería, mientras que la ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas fue la más multitudinaria, al incluir casi medio millón de firmas.

El proyecto de ley también actualiza la indemnización a la comisión promotora por los gastos ocasionados y debidamente acreditados fruto de la iniciativa. Así, mientras la actual indemnización se sitúa en un máximo de 18.000 euros, aunque la cifra puede ser revisada, el tripartito plantea pagar 0,64 euros por firma hasta un máximo de 40.000 euros. El Parlament podrá además otorgar un adelanto de 3.000 euros para cubrir los primeros gastos.

INICIATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Finalmente, el proyecto incluye una disposición final en la que el Gobierno catalán se compromete a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de ley para regular el derecho de iniciativa ciudadana para proponer la aprobación de disposiciones de carácter general en las entidades locales.

En este sentido, el PP mantiene una enmienda para incluir la iniciativa legislativa de los ayuntamientos en la nueva ley. El PP plantea que los ayuntamientos puedan presentar una proposición de ley, aprobada por la mayoría absoluta del consistorio cuando esté impulsada por tres o más municipios limítrofes entre sí o que cuenten con un censo superior a los 50.000 electores.