MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El uso de la factura electrónica en todas las Administraciones Públicas, que desde hoy es obligatorio con la entrada en vigor de la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable, supondrá un ahorro para la Administración General del Estado de 51 millones de euros al año en lo que a tramitación se refiere, y de otro 2,3 millones de ahorro en papel.
Según detalla el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en un comunicado, los ahorros por factura se calculan para los proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas en 0,70 euros, pasando de un coste en papel de 0,76 euros a un coste electrónico de 0,06 euros.
Asimismo, las Administraciones Públicas ahorran por recibir cada factura en formato electrónico 2,78 euros, pasando de un coste en papel de 2,87 euros a un coste en electrónico de 0,09 euros. En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75 euros.
Esta ley, aprobada dentro de las actuaciones previstas en el informe elaborado por la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA), busca impulsar el uso de la factura electrónica, facilitar la creación del registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las administraciones públicas, así como las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes.
Según Hacienda, en un período aproximadamente de un año, las Administraciones Públicas han puesto en funcionamiento sistemas de gestión y seguimiento de su facturación a través de los registros contables para adecuarse a la factura electrónica a través de sus puntos de acceso, "lo que representa un esfuerzo importante por el cambio radical de un sistema de papel a otro íntegramente electrónico".
PUNTO DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS
Así, la Administración General del Estado ha puesto en marcha un punto general de entrada de facturas electrónicas adaptado también para incorporar a todas las Administraciones Territoriales. Éstas podían crear su propio punto de acceso o utilizar el que la Administración General del Estado ha puesto a su disposición.
En concreto, el Punto de Entrada de Facturas electrónicas (FACe) de la Administración General del Estado tiene integrados hoy los distintos puntos de tramitación de los ministerios. Además, se han adherido a su utilización, las Comunidades de Asturias, Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra, la Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha.
Por su parte, las Comunidades de La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco no se han adherido a FACe, pero han dispuesto un punto de acceso propio de entrada de facturas electrónicas, y el algunos casos se está estudiando la posibilidad de intercambio de información entre estos puntos y FACe.
En cuanto a las Entidades Locales, se han adherido al Punto de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado un total de 5.177, así como 17 universidades.
Asimismo, el Ministerio recuerda que esta ley también permite la erradicación de la morosidad en el sector público, un objetivo compartido con otras medidas desarrolladas por el Gobierno como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico.
Según Hacienda, gracias a estas medidas se ha conseguido reducir la deuda comercial de las Administraciones Territoriales un 70%, así como el período medio de pago a los proveedores que, en la Administración Central y la Seguridad Social, se situó ya en noviembre en sólo 9,59 días.
Además, destaca que la puesta en marcha de estos mecanismos extraordinarios de financiación desde 2012, que han supuesto una inyección de liquidez a las Administraciones Territoriales superior a los 103.000 millones de euros, ha permitido que se hayan pagado más de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas, principalmente pymes y autónomos, lo que ha permitido el mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo.
