Familiares de detenidos en la operación contra Segi piden al Defensor del Pueblo que "se acabe con su incomunicación"

   Un grupo de familiares de los siete detenidos en Navarra en la operación policial contra Segi se dirigieron hoy al Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, para que éste "haga las gestiones necesarias" para que los arrestados "sean pasados cuanto antes ante el juez y se acabe así con su incomunicación".

   En representación de los familiares, Iñaki Elcano aseguró, momentos antes de acceder a la sede del Defensor del Pueblo en Pamplona, que su preocupación "es muy grave, ya que en la redadas similares que se hicieron el pasado año la mayoría de las personas detenidas denunció haber sufrido torturas".

   El pasado martes fueron detenidas 34 personas en el País Vasco y Navarra acusadas de pertenencia a SEGI, en dos operaciones simultáneas llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil. De ellas, siete fueron arrestadas en la Comunidad foral, en las localidades de Pamplona, Barañáin, Burlada.

   Elkano señaló que Aministía Internacional, en sus últimos informes, "denuncia que durante el periodo de incomunicación se tortura y que este periodo posibilita un espacio de impunidad para torturar". "No entendemos que no pasen en seguida ante el juez si, como han dicho, han recopilado tantas pruebas contra estas personas", dijo.

   Los familiares solicitaron al Defensor del Pueblo que "se interese personalmente por el estado de las personas navarras detenidas y que se encuentran en situación de incomunicación". Además, le pidieron que "exija a la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, que éstas sean las últimas personas que tengan que pasar por el infierno que supone la incomunicación".

   Entre sus peticiones a la institución, también se encuentran la de "exigir públicamente la abolición de la incomunicación, tal y como exige a Madrid la propia ONU", así como la "instalación y puesta en marcha de todos aquellos mecanismos legales y técnicos que impidan la tortura".

   Finalmente, solicitaron que el Defensor del Pueblo ponga en marcha "una investigación y un estudio con sus correspondientes conclusiones sobre los casos de tortura denunciados en los últimos años".