Ha impuesto una nueva forma de trabajar en Zarzuela y abierto el Palacio a sectores antes excluidos
MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El reinado de Felipe VI cumple este viernes sus primeros 100 días, un periodo en el que el jefe del Estado ha emprendido un proceso de renovación de la Monarquía, a la que quiere hacer más ejemplar para que responda a los deseos de la ciudadanía.
En estos tres meses que el Rey lleva al frente de la Corona, Don Felipe ha comenzado a plasmar en hechos las líneas de actuación que se fijó en su discurso de proclamación en las Cortes el pasado 19 de junio.
"Los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren --y la ejemplaridad presida-- nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos", dijo entonces Don Felipe, consciente de que heredaba el trono en los momentos más bajos de popularidad de la institución.
En una de sus primeras medidas, el Rey ha impuesto a los miembros de la Familia Real --hoy limitada a Don Felipe, Doña Letizia, Don Juan Carlos Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía-- la prohibición de que se dediquen a actividades distintas a la de su función institucional.
Esto impedirá a la hija menor del Rey que en un futuro pueda trabajar para empresas privadas, como hicieron sus tías las Infantas Elena y Cristina, un modelo de doble dependencia que el 'caso Nóos' que investiga los negocios presuntamente irregulares de Iñaki Urdangarin ha puesto en evidencia.
Las hermanas del Rey, que ya no forman parte de la Familia Real, no desarrollarán por regla general actividades institucionales. Si en alguna ocasión fuera necesario recurrir a ellas --hoy por hoy con Doña Cristina imputada en el 'caso Nóos', esta excepción solo podría afectar a Doña Elena-- no cobrarán por ello.
Como consecuencia de la salida de las Infantas Elena y Cristina de la Familia Real, Felipe VI ha decidido prescindir del asesor de sus hermanas, Carlos García Revenga, imputado también en el 'caso Nóos' --fue tesorero del instituto que presidió Urdangarin-- aunque el juez levantó posteriormente esa imputación.
Pero Felipe VI ha ordenado otra serie de cambios en el seno de la institución. Antes del 31 de diciembre de este año, ha emplazado a sus colaboradores a que elaboren una regulación de los regalos que reciba la Familia Real, así como un código de conducta para el personal de la Casa del Rey, el órgano que asiste al monarca en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Este código --que la institución hará público-- incorporará una serie de principios éticos que deberá seguir el personal de la Casa, al que se le aplica ya el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Entre otras cosas, este código podría prohibir aceptar regalos que no entren dentro de lo que se considera un obsequio de cortesía.
Algunos regalos recibidos por el Rey Don Juan Carlos no han estado exentos de debate, como el yate Fortuna que le entregaron una serie de empresarios baleares y el Gobierno de la isla en el año 2000.
Felipe VI también ha regulado el asesoramiento jurídico que pueda precisar la Casa del Rey para que esta labor la desarrolle siempre la Abogacía General del Estado --con Juan Carlos I la institución recurría a un asesor jurídico externo-- y ha suscrito un acuerdo con la Secretaría de Estado de Comercio para que sea este órgano el encargado de asesorar a la Casa en lo que se refiere a la promoción de los intereses de las empresas españolas en el exterior.
Además, a partir del ejercicio presupuestario de 2015 técnicos de la Administración General del Estado elaborarán una auditoría de las cuentas de la Casa, que hasta la fecha se sometían solo a una auditoría interna.
Junto a estas medidas de renovación en el funcionamiento de la institución, Felipe VI ha introducido otra serie de cambios para acercar más la Monarquía a todos los sectores de la sociedad.
En una de sus primeras audiencias, los Reyes invitaron por vez primera a Palacio a representantes de colectivos de gays y lesbianas y han incluido en algunas cenas oficiales --como la que ofrecieron durante sus vacaciones de verano en Palma-- a jóvenes investigadores y emprendedores.
Otras decisiones han tenido un carácter más simbólico, como la de permitir a los miembros del Gobierno y demás representantes de los poderes del Estado que juren su cargo ante el Rey prescindir de la presencia de la Biblia y el crucifijo, si así lo desean.
UN REY CONSTITUCIONAL
Poco o nada ha trascendido sobre la manera en la que Felipe VI está gestionando la crisis en Cataluña. "El Rey cumple sus funciones constitucionales", se limitan a repetir en el Palacio de la Zarzuela, reacios a involucrar al monarca en el debate político en torno a esta cuestión.
De nuevo en su discurso de proclamación, Don Felipe expuso con claridad su compromiso de "atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones".
Ante las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, manifestó su voluntad de "escuchar, comprender, advertir, aconsejar y defender siempre los intereses generales", buscando siempre el "equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales".
Un mensaje que repite con frecuencia en las intervenciones del nuevo monarca, y es la reivindicación de una España "unida y diversa", pues la unidad de España, en palabras del Rey, no debe ser entendida como "uniformidad".
Como reivindicó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles pasado --que supuso su presentación ante el mundo--, el sistema político del que se dotaron los españoles en la Transición y que "ampara a todos los ciudadanos y a los distintos territorios de España en su diversidad política, geográfica, cultural y lingüística".
