Fiscal del caso Ollero pide una sentencia condenatoria al estar convencido de que se pagó comisión

Actualizado 10/07/2006 17:04:30 CET

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio que se sigue desde hace una semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso Ollero, por el presunto pago de comisiones en la adjudicación de las obras para el desdoble de la carretera que une el puerto de Las Pedrizas con Salinas, entre Málaga y Granada, quedó esta mañana visto para sentencia y, en la exposición de sus conclusiones definitivas, el fiscal pidió una sentencia condenatoria al considerar que "los hechos son ciertos. Estoy absolutamente convencido" de que se pagó comisión.

El ministerio público elevó por tanto a definitivas sus conclusiones, en las que pedía dos años de suspensión para ocupar cargo público por presunta revelación de secreto para Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía; para su hermano Jorge Ollero tres meses de arresto mayor por supuesto tráfico de influencias; ocho meses de cárcel por supuesto cohecho y 20 por falsedad documental para J.R.B., y para L.N.M. seis meses por encubrimiento de cohecho y 20 por falsedad documental, siendo estos dos últimos imputados ex directivos de la constructora Ocisa, a la que se adjudicó la obra.

La acusación particular, por su parte, en representación de la Junta, se adhirió a la petición del fiscal, mientras que las defensas pidieron la absolución basándose en que las pruebas realizadas guardan relación directa con las escuchas telefónicas que se realizaron y que fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, motivo por el que ahora se ha vuelto a repetir el juicio.

La vista oral de hoy comenzó con la toma de declaración de un perito calígrafo, un inspector de Policía, que se pronunció sobre una factura que fue aportada en su primera declaración por los ex directivos de la concesionaria; la factura, por importe de 16 millones de las antiguas pesetas y en concepto de asesoramiento técnico para la adjudicación de la obra, no había sido firmada, según el perito, por el intermediario Pedro Llach --que también fue imputado pero que falleció--; la acusación consideró que, con ello, se pretendió 'maquillar' las supuestas entregas de dinero como comisión por parte de la constructora.

Así las cosas, el fiscal pidió condena para los imputados con argumentos que, según dijo, eran independientes del contenido de las escuchas telefónicas, algo que, sin embargo, no fue aceptado por las defensas. Tras aseverar que "comprendo a los acusados porque después de tanto tiempo, volver a sentarse en el banquillo con la conciencia de que los hechos son ciertos es duro", el fiscal consideró que hubo contactos entre Llach y Jorge Ollero, estimando que éste último obtuvo información de su hermano Manuel "prevaliéndose de la influencia que podría tener Jorge en su hermano. Jorge supo antes, supo más y supo que pudo adjudicarse a Fomento, pero que después el consejero --de Obras Públicas, cargo ocupado entonces por Juan José López Martos-- decidió que fuera para Ocisa".

Para el fiscal, Ocisa "pagó --supuestamente-- porque pensaba que, si no, no tendría más adjudicaciones sucesivas, o al menos en mucho tiempo" y e indició igualmente en el que hecho de que la empresa sacara cantidades de dinero repartidas en cheques por importe inferior a las 500.000 pesetas, algo que, a su entender, se hizo así "para que no se pudiera seguir la pista". "Existe una comisión pagada por Ocisa de la que se beneficiaron dos personas y 'equis' más, y punto, eso es todo", resumió el fiscal, quien estimó que los imputados "parecen niños con sus coartadas".

Por su parte, las defensas, que impugnaron las pruebas documentales, basaron el grueso de sus conclusiones en decir que las pruebas tenidas en cuenta en la repetición de la vista guardan relación directa con las escuchas telefónicas, además de insistir en que se han producido dilaciones indebidas "pues han transcurrido 14 años y medio".

Uno de los letrados acusó al fiscal de "no haberse quitado de la cabeza" las escuchas y defendió que las declaraciones realizadas en su día se hicieron en base a las intervenciones telefónicas realizadas durante seis meses. De este modo, concluyó que en el proceso "hay una contaminación que es absoluta, flagrante, contundente y clamorosa". Las defensas mantuvieron además que el ministerio público no ha aportado una prueba de cargo "suficiente" y que, de no ser por las escuchas, las facturas presentadas pudieron no haberse entregado.

En cuanto al letrado que ejerce la defensa de Manuel Ollero, dijo que "no puede ser condenado" y apuntó que la acusación contra el ex director general se basó en "argumentos genéricos. Hay una falta de elementos probatorios absoluta. Se le imputa revelación de secreto pero no se ha ofrecido ninguna prueba". El abogado recordó que, en su día, el caso suscitó un juicio mediático paralelo "que sirvió para el juego político".

Además, defendió que "el expediente es público por imperativo legal y hay deber de trasparencia por parte de la Administración", por lo que se preguntó "qué bien jurídico estamos protegiendo cuando se acusa a Manuel Ollero. Nadie ha dicho que haya anomalía en el expediente --de la obra--", cuestionando además que "si la hubiera, ¿tendría rango de responsabilidad penal?". Así, por último, entre otras cuestiones, defendió que Manuel Ollero "no ha hecho ningún ejercicio impedido por la Ley, ni dañino para el conjunto de la sociedad. Por eso se pide su absolución".

Al término de la exposición de las conclusiones, los hermanos Ollero dijeron que no tenían nada más que añadir, si bien los otros dos imputados reiteraron su inocencia.

INVESTIGACION

La investigación por el caso Ollero se desarrolló a partir de 1992 y en 2001 el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de la Audiencia de Sevilla por el caso, que condenó a Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, a un año de inhabilitación para ocupar cargo público y a su hermano Jorge Ollero a tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas.

En este segundo juicio, Manuel y Jorge Ollero se acogieron a su derecho a no declarar en la primera sesión de la vista oral --celebrada el lunes pasado--, mientras que los otros dos acusados hicieron lo propio y no ratificaron sus declaraciones realizadas con anterioridad pues, dijeron, nadie les avisó de que las escuchas realizadas durante la investigación podrían ser nulas; en el caso concreto de L.N.M., añadió igualmente que en su día declaró en calidad de testigo. Los letrados de la defensa llegaron a pedir la suspensión del juicio y el archivo de las actuaciones, entendiendo que las pruebas realizadas guardan conexión con las escuchas anuladas, pero el tribunal lo rechazó.

En la segunda sesión, celebrada el martes pasado, prestó declaración, entre otros, en calidad de testigo --y no como imputado, a diferencia de la primera vista-- el ex consejero socialista de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Juan José López Martos. Dijo que la adjudicación de la obra fue legal y que siempre actuó "en defensa de la legalidad", así como reconoció que, en aquel entonces, la situación presupuestaria era "muy difícil porque estábamos cargados con inversiones del Gobierno anterior".

El miércoles declaró ante la sala la ex directora financiera adjunta de Ocisa, quien expresó que el desfase de unos 60 millones de las antiguas pesetas detectado presuntamente en las cuentas por el ministerio fiscal "no tiene explicación". La sesión prevista para el jueves, sin embargo, se suspendió por la no comparecencia de tres testigos propuestos por el fiscal, testigos de una empresa que trabajó para Ocisa y a los que finalmente renunció la acusación pública.

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