Fiscal mantiene la petición de 37 años de inhabilitación para un ex alcalde 'popular' de Aranjuez por prevaricación

 

Fiscal mantiene la petición de 37 años de inhabilitación para un ex alcalde 'popular' de Aranjuez por prevaricación

Audiencia de Madrid
EUROPA PRESS
Actualizado 24/02/2012 14:19:18 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio ha mantenido este viernes su solicitud de 37 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde de Aranjuez (Madrid) entre los años 1995 y 2003, José María Cepeda (PP) por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Cepeda y varios exediles del PP se han sentado durante esta semana en el banquillo de los acusados por favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras. Entre los procesados, figura el exconcejal de Urbanismo, Jesús Ramón Cepeda; el ex edil de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez; el arquitecto José Ángel Lazareno; el aparejador Jesús Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias Ortega.

En la última sesión, el fiscal ha mantenido su petición de penas para los procesados al estimar que los hechos están acreditados de forma "clara y nítida". Además, ha solicitado que el ex regidor pague una multa de 36.000 euros.

En su informe, Valerio ha atribuido a Cepeda y su entonces equipo la obtención de importantes beneficios económicos a través de procedimientos "ilícitos", aludiendo por ejemplo a la concesión de licencias.

El pasado lunes, Cepeda negó presuntos favores a constructoras para resultar adjudicatarias de obras del Ayuntamiento ribereño al asegurar en el juicio que no era de su competencia, ya que delegaba en el concejal de Urbanismo.

El fiscal Emilio Valerio les acusa de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusa de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.

En el punto de mira está el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.

En su declaración, el exregidor dijo que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", apuntó.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies