SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación para la ex alcaldesa del municipio de Aguadulce Isabel Ortiz Fernández (PSOE) por un presunto delito de prevaricación que la ahora concejal de la localidad supuestamente cometió al conceder una licencia urbanística que incumplía la legislación vigente.
En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal explica que un vecino del municipio, identificado como M.B.Q., presentó a la alcaldesa el 10 de julio de 2006 una solicitud de licencia urbanística para construcción e instalación de naves para ampliación de granja de engorde de pavos, con presupuesto de 222.135 euros.
Según sostiene el Ministerio Público, las parcelas están ubicadas en suelo que tiene la clasificación de suelo no urbanizable por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aguadulce, aprobado definitivamente el 19 de octubre de 2005.
Tras la citada solicitud, el arquitecto técnico municipal emitió un informe previo el 18 de octubre de 2006, en el que se advertía que "podía llevarse a cabo la actuación solicitada si antes se presentaba un proyecto de actuación, con declaración de utilidad pública e interés social conforme a los trámites previstos en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía".
Asimismo, el informe hacía saber a la acusada como alcaldesa que "si se aportaba el proyecto de actuación se podría admitir a trámite y se deberían entonces solicitar los informes sectoriales oportunos, así como el preceptivo de la --por entonces competente-- Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, previa autorización municipal".
Del mismo modo, el 19 de octubre del mismo año, la secretaría del Ayuntamiento informó por escrito a la acusada de que "eran necesarios esos requisitos", entre ellos los previstos en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que "proponía desestimar la petición de licencia hasta que se observara la normativa vigente, que se detallaba".
Para el fiscal, pese a esas advertencias, la acusada, "consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar aquel proyecto de actuación ni los informes sectoriales de otras oficinas públicas que expresamente se le indicaban, dictó resolución el mismo día 19 de octubre por la que se concedía la licencia con arreglo a las especificaciones contenidas en el proyecto presentado, si bien no fue efectivamente aportado el imprescindible proyecto de actuación".
"Precisó que el autorizado debía presentar el proyecto de actuación, pero aún así no se condicionaba a ello la eficacia de la licencia", prosigue el fiscal, quien agrega que todo esto "dio lugar a que se ejecutaran buena parte de las obras ilegales", aunque "fueron paralizadas el 21 de noviembre de 2007 cuando se supo de las irregularidades, por resolución del alcalde que sucedió a la acusada".
INFORMES DESFAVORABLES
Después de concederse la licencia, la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca (Oficina Comarcal Agraria de Osuna) emitió un informe de 3 de agosto de 2007 exponiendo que la ampliación solicitada no podía ser concedida porque no se cumplían las distancias mínimas exigidas respecto a otras instalaciones en granjas avícolas (500 metros), especificando que con una simple visita a la zona, en los ruedos de Aguadulce, no tendría sentido solicitar este informe. La licencia concedida incumplía pues lo prevenido en el art. 4.9.c del RD 1084/2005, de 16 de septiembre, de Ordenación de la Avicultura y Carne.
Asimismo, la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes emitió el 12 de julio de 2007 otro informe que mostraba el incumplimiento de otras normas urbanísticas en el proyecto autorizado por la licencia que había dado la acusada.
En consecuencia, el fiscal entiende que la acusada concedió la licencia sin analizar el contenido de un proyecto de actuación urbanística que "ni siquiera existía", sin recabar tampoco informes sectoriales que eran imprescindibles antes de la licencia y contra el criterio manifestado por los técnicos incluso el mismo día de conceder la autorización manifiestamente ilegal.
Por todo ello, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio por prevaricación, por el que solicita imponer a la acusada la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de 8 años.
