El fiscal del TS pide condenar a los ex cargos de Extranjería acusados de expedir permisos irregulares en Lleida

 

El fiscal del TS pide condenar a los ex cargos de Extranjería acusados de expedir permisos irregulares en Lleida

Actualizado 04/12/2008 13:50:16 CET

Solicita anular la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvió a los funcionarios en noviembre de 2007

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicitó hoy a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la anulación de la sentencia dictada en noviembre de 2007 por la Audiencia Provincial de Lleida, que absolvió a ocho responsables de la Oficina de Extranjería durante el Gobierno del PP, acusados de expedir irregularmente permisos de trabajo a inmigrantes a cambio de dinero.

Según defendió el representante del Ministerio Público, "los hechos encajan en el delito de prevaricación". "Hay base suficiente en la sentencia para demostrar que se dictaron resoluciones injustas y que pueden ser consideradas como arbitrarias", añadió durante la vista pública celebrada hoy bajo la presidencia del magistrado Julián Sánchez Melgar para estudiar el recurso interpuesto por a Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Lleida.

En contra, el abogado de uno de los acusados, el ex subdelegado del Gobierno en la provincia Joan Barios, defendió durante la vista que "la cantidad de expedientes que presentaban irregularidades no eran suficientes para acusar de un delito de prevaricación". Según explicó, de "un total del 82.000 expedientes", tan sólo "había tres o cuatro con irregularidades".

El fiscal insistió en que "la forma de actuar de estos funcionarios circularon por sendas distintas a las que marca la legalidad" y, en ese sentido, se preguntó por qué a algunos inmigrantes se les concedían los permisos y a otros no. "En esta diferencia arbitaria es en la que basa la Fiscalía su acusación de prevaricación", sentenció.

La sentencia recurrida entendió que no existían pruebas suficientes para afirmar que el ex subdelegado del Gobierno en la provincia Joan Barios, el jefe de la oficina entre 2001 y 2003, José María Vieites, y el ex director de Trabajo Lorenzo Echarri, además de un asesor de Barios, Salvador Puy, y cuatro intermediarios concedieran permisos de trabajo de forma arbitraria e irregular a inmigrantes.

Las investigaciones empezaron tras la denuncia presentada por un georgiano y un grupo de magrebíes que acusaban a los intermediarios de cobrar dinero por gestionar la tramitación de sus permisos de trabajo. La Fiscalía solicitó para todos ellos diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, así como cuatro años de prisión para Vieites por falsificación de documentos.

82.000 EXPEDIENTES

En la misma línea, el letrado defensor de Echarri alegó que "el dolo directo de los hechos no ha sido probado" y expuso que desde el año 2000 hasta 2004 se registraron 82.000 expedientes para un plantilla de 28 personas que luego fue reducida. Pese a esta situación defendió que "los expedientes se miraban uno a uno y que siempre se cumplieron todos los requisitos reglados y reconocidos por la Ley".

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lleida, todos los imputados negaron las acusaciones, excepto uno de los intermediarios, Fernando Canalejos, quien sí admitió algunos cobros irregulares de unos 300 euros, aunque aseguró que se trataba de una "propina", ya que no existía "ninguna tarifa", puesto que algún intermediario llegó a cobrar 6.000 euros. Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía cifraron algunos cobros en los 1.200 euros. El abogado de Canalejos no asistió hoy a la vista en el Tribunal Supremo.

Por su parte, Vieites negó las acusaciones de falsificación y justificó la presencia de su firma --mediante un tampón-- en algunos documentos alegando que servía para "agilizar" los trámites y hacer frente a los 2.000 expedientes atrasados.

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