MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía española se ha sumado este miércoles al manifiesto firmado por representantes de los Ministerios Públicos de once países ante su "profunda preocupación" por las declaraciones contra la labor de esta institución en Venezuela y han repudiado actos de hostigamiento, injerencias y presiones contra la misma.
Según informa la Fiscalía en una nota, los firmantes --Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay Uruguay, Portugal y España-- reafirman lo expresado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y manifiestan su "convicción sobre el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho".
Este comunicado se produce horas después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, haya denunciado que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, responsabilizando al Gobierno de Nicolás Maduro si algo les sucede.
Al respecto, rechazan "cualquier pretensión" del poder ejecutivo de llevar adelante reformas legales que impidan al Ministerio Público ser autónomo e independiente, buscando con ello "afectar las investigaciones en curso".
CONTRA EL RECURSO DE LA FISCAL ORTEGA
"En este sentido, repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, los Fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público", reza el manuscrito.
Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela rechazó el recurso presentado por la fiscal general del país bolivariano contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro asegurando que se trata de "inadmisible" por "acumulación de pretensiones" ya que ésta también había solicitado a la Sala Constitucional que aclarara la sentencia en la que se validaba que el presidente pueda convocar la Constituyente sin consulta popular previa.
La jefa del Ministerio Público explicó que el decreto de Maduro por el que llama a reemplazar la Carta Magna "no cumple con los extremos legales porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente", no el Gobierno.
