MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de que este órgano investigue al actual diputado, exconseller y exportavoz del Govern de Cataluña, Francesc Homs, por su implicación en la consulta del 9-N por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, si bien señala que la causa en el alto tribunal debe ceñirse a la actuación de éste por su condición de aforado mientras el resto permanece en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ Cataluña).
Así han señalado fuentes fiscales, que añaden que las razones del fiscal del Supremo para que el alto tribunal no asuma todo el asunto se fundamentan en la propia jurisprudencia de este órgano y son también de "economía procesal", pues la causa que se sigue en el TSJC contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ya está prácticamente concluida.
La Fiscalía del Supremo no se aparta de los criterios expresados el pasado mes de febrero por el representante del Ministerio Público en Cataluña, que señaló en su escrito que existen indicios de que Homs "tuvo un comportamiento consciente e intencionado de indudable trascendencia" para garantizar la celebración de la consulta sobre la independencia pese a suspenderla el Tribunal Constitucional (TC).
CARTA DE HOMS
Homs, miembro de la diputación permanente del Congreso, tuvo para la Fiscalía un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria. Esta acusación se basa en la existencia de una carta en la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del TC.
En esta misiva, Homs no sólo legitima la continuación de los servicios sino que "contiene la implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista" ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.
En su respuesta a la empresa, Homs asegura que no se vulneraba la suspensión del Constitucional y que se habían hecho consultas a los Servicios Jurídicos de la Generalitat y a otros "expertos en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional".
El criterio del fiscal de Supremo no se aparta del de Cataluña, que consideraba que , pese a existir una vinculación entre el papel de Homs y el resto de los acusados en la causa, el procedimiento puede sustanciarse de forma separada porque no se ve una "conexión material inescindible" entre las conductas de Mas, Ortega y Rigau y la del entonces conseller de Presidencia.
Por eso no ve necesario que la conducata de Mas, Rigau y Ortega --que no tienen el mismo fuero-- sea valorado por el Tribunal Supremo sino que debe de proseguir la instrucción en el TSJC.
El Supremo recibió la exposición razonada del TSJC respecto de Homs el pasado 21 de marzo y designó ponente de la resolución a adoptar sobre la asunción del caso al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, conforme al turno establecido.
No obstane, el alto tribunal acordó la devolución inmediata de las diligencias originales de la causa al TSJ catalán, ya que, hasta que se resuelva sobre el contenido de la exposición, el competente sobre la misma sigue siendo el del tribunal de Cataluña.
Igualmente recordaba al TSJC que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda la documentación que se envíe debe llegar traducida al castellano.
El juez que instruye la causa en el TSJC, Joan Manel Abril, había remitido toda la causa al Supremo al considerar inseparable la investigación a Homs de la que se sigue contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
El 7 de marzo, Homs declaró de forma voluntaria ante el TSJC, donde sostuvo que la causa por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 era una causa política: "Cuanto más alta sea la pena que nos pidan, más grande será la victoria", dijo entonces.
