Fiscalía pide al Supremo que mantenga la condena a tres mossos por torturas a un detenido, al creer probada "brutalidad"

Actualizado 25/11/2009 15:31:17 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicitó hoy al Tribunal Supremo que mantenga la condena de seis años y siete meses de prisión que la Audiencia Barcelona impuso a tres mossos de'Esquadra por torturar a un ciudadano rumano detenido por error y rebatió los alegatos de la defensa, subrayando que la sentencia expone de manera "extraordinariamente aclaratoria" la "brutalidad" con la que actuaron los agentes.

En la vista celebrada hoy en el alto tribunal, el fiscal también pidió que se mantenga la condena a otro mosso a dos años de cárcel por un delito contra la integridad moral y a un quinto agente a pagar varias multas. Además, también impugnó el recurso de la acusación particular, que solicitaba un aumento en la indemnización al ciudadano rumano, Lucian P, y su esposa, entonces novia y embarazada, que fue objeto de una "detención ilegal".

Según la sentencia de la Audiencia de Barcelona, en julio de 2006 los agentes arrestaron por error en la calle a Lucian P., pensando que había robado en un piso. Durante la detención, le pegaron por todo el cuerpo, lo amenazaron de muerte y lo insultaron, sin identificarse como policías.

Posteriormente, en el traslado hacia la comisaría de Le Corts, le golpearon, le introdujeron una pistola en la boca y le amenazaron de muerte. Una vez en comisaría, la actitud de los agentes fue la misma, según la sentencia dictada en noviembre de 2008 por la Audiencia de Barcelona.

"SENTENCIA EQUILIBRADA" DE LA AUDIENCIA DE BARCELONA

El fiscal defendió que la sentencia de la Audiencia provincial era "equilibrada" y condenaba a los agentes por unos hechos "gravísimos" que habían sido "probados". Así, solicitó al tribunal que desestime el recurso de los abogados de los mossos, que hoy pidieron que se tuvieran en cuenta dos informes médicos que, según explicaron, demostraban que las lesiones sufridas por el demandante se debían a "un único acto de fuerza" ejercido en el momento de la detención.

Según argumentó uno de los letrados, la fuerza ejercida en el arresto se debió a que a los mossos se les alertó de que la persona a la que iban a detener -cuya identidad no se correspondía con la de Lucian-- era "sumamente peligrosa". De esta actuación, afirmó, se debe el hematoma que presentaba el detenido desde la zona homoplática izquierda hasta el brazo, en el que además hay que tener en cuenta, dijo, que Lucian P. es "hemofílico", con lo que su cuerpo es "una pizarra gráfica" ante cualquier "presión" que se ejerza sobre su cuerpo.

Tras apuntar que los hechos probados de una sentencia no se pueden modificar con una prueba documental, el fiscal subrayó que, en cualquier caso, estos informes son "perfectamente compatibles" con la condena, ya que muestran los "politraumatismos y policontusiones" que sufrió el detenido.

Del mismo modo, también rechazó las argumentaciones de las defensas relativas a la vulneración de la presunción de inocencia de los mossos, por falta de pruebas suficientes, y en lo que se refiere a la ausencia de credibilidad del demandante y a una posible "animosidad" contra los mossos.

Según el fiscal, además de que su relato está "corroborado por informes periciales y testigos" que vieron "cómo se produjo la detención", no se puede restar credibilidad al afectado por el hecho de nadie presenciara algunos momentos de las denunciadas torturas o porque "esté resentido".

Si esto fuera así, dijo, sería "materialmente imposible " condenar a delincuentes "sobre el testimonios de las víctimas". Como ejemplo, se refirió a los casos de mujeres agredidas sexualmente, de quienes, por otra parte, no se puede pedir que no tengan "algún resentimiento o rechazo".

También se opuso el representante del Ministerio Público a las alegaciones de las defensas en contra de la calificación de "detención ilegal" para la actuación de los mossos relativos a la pareja de Lucian P., que en el momento de los hechos se encontraba en estado de gestación, y en lo que se refiere al "registro ilegal" que se efectuó en su domicilio, y que, explicó, se efectuó en una situación de "absoluta coacción".

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