Fiscalía rebaja de 15 a 8 años la petición de pena para un presunto miembro de EKIN para ajustarla a la sentencia del TS

Actualizado 15/11/2010 18:57:43 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado ha rebajado de 15 a 8 años la petición de cárcel que sostiene contra Unai Hernández Sistiaga por ser uno de los dirigentes de la organización EKIN, ilegalizada por su subordinación a la banda terrorista ETA, para que se ajuste a la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Supremo en mayo de 2009.

Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia este lunes en la Audiencia Nacional, Delgado ha defendido que Hernández Sistiaga debe ser condenado por un delito de integración en organización terrorista porque se encontraba bajo "la dependencia de ETA" y era "plenamente consciente de que con sus acciones contribuía a que la banda pudiera ejercer la violencia".

El acusado no pudo ser juzgado en el juicio que la Audiencia Nacional celebró entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 porque se encontraba huido en Francia y no pudo ser detenido hasta febrero de 2008. En este procedimiento, que el Supremo saldó con condenas de entre 2 y 24 años de cárcel para 38 acusados, también está pendiente de juicio Peio Jon Sánchez Mendaza, quien no se ha personado en la Audiencia Nacional al tener prohibida su salida del territorio nacional francés por estar procesado en una causa instruida por la juez antiterrorista Laurence Le Vert por un delito de asociación de malhechores.

A SUELDO DE EKIN

Tras destacar que "EKIN es ETA", como pusieron de manifiesto las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tras el denominado proceso 18/98, la fiscal ha destacado que contra este acusado pesan las mismas pruebas que justificaron las condenas de 7 años y medio de prisión impuestas a los acusados Ana Lizarralde y Paul Asensio.

Se trata, en concreto, de un documento incautado al también condenado Carlos Íñigo Blasco en el que se detallaba el organigrama de EKIN, apuntes contables que revelaban que un tal "Unai" o "U" cobraba 55.000 pesetas (330,55 euros) al mes de la organización ilegal y vigilancias policiales que acreditarían su participación en reuniones internas a las que habría acudido tras adoptar medidas de seguridad como quitarle la batería al móvil.

En las actuaciones también obra una conversación telefónica que el acusado mantuvo el 8 de febrero de 2000 con su pareja, Olatz Eguiguren --condenada por el Supremo a siete años y medio de cárcel por ejercer como portavoz de EKIN-- en la que se comprometía a encargarse a partir de marzo de ese año del área de Educación. El acusado, sin embargo, ha defendido que en realidad se refería en esa charla a que a partir de ese momento iba a comenzar a estudiar euskera en una escuela.

Durante la vista, el acusado ha negado su pertenencia a EKIN y ha señalado que sus únicos ingresos procedían del sueldo que percibía del Ayuntamiento de Santurtzi (Vizcaya) como asesor del Grupo Municipal de Euskal Herritarrok (EH). Su defensa ha pedido la absolución tras esgrimir una copia de su contrato con el Ayuntamiento y argumentar que no existen pruebas en su contra más allá de su relación sentimental con una de las condenadas.

Eguiguren, precisamente, ha declarado ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que juzga los hechos que su novio "no era militante de EKIN" y que, si alguna vez acudió a alguna reunión interna de la organización, lo hizo como "invitado". Este extremo ha sido ratificado por Carlos Íñigo Blasco, quien ha destacado que "no le consta" que el acusado fuera miembro de la organización. "Estuve en varias reuniones y nunca le ví", ha dicho.

56 ACUSADOS Y 38 CONDENAS

El proceso contra el aparato político, institucional e internacional de la banda, instruido a partir del sumario 18/98, fue impulsado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirigió el 28 de mayo de 1998 una operación que permitió a la Policía desmantelar un entramado de empresas vinculadas a ETA que daban cobertura a terroristas huidos a países de Iberoamérica y prestaban financiación a la organización.

El juicio, el más largo de la historia de la Audiencia Nacional, comenzó el 21 de noviembre de 2005 y se desarrolló a lo largo de 126 jornadas. Los 56 acusados iniciales quedaron reducidos a 52 después del fallecimiento del ex dirigente de la izquierda abertzale Jokin Gorostidi, de la exclusión por motivos de salud de Iñigo Elkoro Ayastui y José Ramón Aranguren y de que el Ministerio Público retirara la acusación contra José Ignacio Uruñuela.

Si bien al inicio del juicio, el fiscal pedía para los 52 acusados iniciales penas que oscilaban entre los 10 y 51 años de cárcel y que en total sumaban 927 años, rebajó su petición a casi la mitad, a penas de entre 4 y 19 años de cárcel, un total de 484 años.

La Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2007 a 47 de los 52 acusados en el macroproceso contra las organizaciones EKIN, KAS y XAKI a penas de entre 2 y 24 años de cárcel, aunque en mayo de 2009 el Tribunal Supremo absolvió a 9 de ellos y rebajó considerablemente las condenas a todos los procesados menos uno por falta de proporcionalidad de las mismas.

El largo procedimiento judicial, el primero de calado que se llevó a cabo contra el entorno legal de la banda terrorista ETA, finalizó el 19 de diciembre de 2007, cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Ángela Murillo, condenó a penas de entre 2 y 24 años de cárcel a 47 de los 52 acusados por constituir lo que el tribunal denominó "las entrañas y el corazón de ETA".

Tras revisar la sentencia, el Tribunal Supremo acordó el 26 de mayo de 2009 la absolución de 9 de los 47 condenados y rebajó las penas a 37 de los 38 restantes. A pesar de eso, mantuvo que las tres organizaciones actuaron de forma permanente entre 1976 y 2000 y que, "pese a carecer de armas, tenían clara voluntad de participar en los fines de ETA complementando -en el caso de KAS y EKIN- la actividad de lucha armada".

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