Fiscalía TSJA pide el "inmediato archivo" de la causa contra los investigadores con células madre

Actualizado 30/11/2007 13:43:43 CET

GRANADA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado que se decrete el "inmediato archivo" de la causa contra los cuatro investigadores del Banco Nacional de Líneas Celulares de Granada ante la "falta de relevancia penal de los hechos" denunciados por una particular en Santiago de Compostela.

Así lo manifiesta el fiscal jefe, Jesús García Calderón, en una resolución, a la que ha tenido acceso hoy Europa Press, en la que explica que no deben tener lugar la práctica de diligencias probatorias solicitadas, ni tampoco la medida cautelar de suspensión de la actividad de los científicos que había sido reclamada en la denuncia.

Ésta fue interpuesta por Carmen Areoso Villaverde contra la persecución de cinco proyectos de investigación por si pudieran ser constitutivos los hechos de un delito de manipulación genética, un delito de aborto, un delito de lesiones al feto y un delito contra la integridad moral. El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada tendrá que pronunciarse al respecto.

El fiscal considera que la denuncia "se limita a manifestar su enérgica contrariedad con una norma que ha sido dictada por el legislador con todas las garantías y para el desarrollo de algunos derechos fundamentales, pero en esta contrariedad --continúa-- no puede encontrar, en modo alguno, un cauce adecuado en el procedimiento penal que siempre debe operar como última ratio para solución de cualesquiera conflictos sociales".

La propia denunciante ya reconoció en su escrito que los cinco proyectos de investigación contra los que promueve la persecución penal fueron aprobados por la Comisión de Seguimiento y Control de Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

Como "único elemento probatorio" la denunciante hace referencia a un artículo publicado hace casi tres años en una determinada revista científica que sostenía que en los proyectos de investigación referidos "se están tratando embriones humanos sin la necesidad de su procreación y que, de igual modo, se están alterando, dañando y destruyendo embriones humanos con meros fines científicos".

Según el Ministerio Público, "no se aporta dato alguno que permita inferir su relación o el desarrollo de una actividad que sea jurídicamente reprobable" y, además, la actividad desarrollada por los investigadores en el Hospital Virgen de las Nieves "no incumpliría, a juicio del fiscal, en modo alguna las finalidades señaladas por la ley en esta clase de actividades vinculadas con la reproducción asistida".

AVALADA POR LEY.

Detalla García Calderón normas tanto de carácter comunitario, como de carácter estatal o autonómico como marco legal básico para el desarrollo de las funciones de investigación y, con especial importancia, alude a la más reciente Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica que "autoriza la utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación".

Igualmente, regula esta norma las especiales condiciones en las que debe desenvolverse la investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria así como la composición y funciones de la mencionada Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, órgano colegiado al que corresponde informar sobre las investigaciones que se enumeran en la Ley relativas a tejidos y células troncales u otras funcionalmente semejantes, incluidas las líneas celulares troncales embrionarias provenientes de terceros países.

Por último establece "el sistema de promoción y coordinación de estas investigaciones a través del anteriormente citado Banco Nacional de Líneas Celulares, al que se reconoce una estructura en forma de red y la adscripción al Instituto de Salud Carlos III".

Este marco legal descrito, consta en la resolución de la Fiscalía del TSJA, es "respetuoso" con los avances científicos que presenta la investigación biomédica y debe completar por tanto las previsiones que se encuentran establecidas en el Código Penal para "la protección de la inalterabilidad del patrimonio genético humano que sería, conforme al mayoritario criterio doctrinal, el bien jurídico tutelado en los delitos de manipulación genética".

Por tanto, en la denuncia, que "parcialmente coincide" con la pretensión de quienes se declaran contrarios al uso de embriones sobrantes de los programas de fertilización in vitro con fines de investigación médica, se describen técnicas que se amparan en una norma general que encuentra su origen en el artículo 44 de la Constitución Española y que es objeto de desarrollo en Andalucía conforme a lo establecido en el artículo 22 del reciente reformado Estatuto de Autonomía, "actividad científica que cuenta con una finalidad legalmente reconocida como es la finalidad terapéutica o investigadora, todo ello de acuerdo con lo establecido en al artículo 33.2 de la Ley de Investigación Biomédica".

Recuerda el fiscal jefe del TSJA que el Código Penal tipifica alguno delitos relativos a la manipulación genética "sólo con la finalidad de criminalizar aquellas conductas que atentan gravemente y de manera patente contra bienes jurídicos de extraordinario valor para la comunidad como son la dignidad humana o la inalterabilidad del patrimonio genético humano".

Así, "no pueden perseguir aquellas actividades científicas que, siendo objeto de regulación suficiente en la legislación administrativa sobre investigación sanitaria, son respetuosas con este marco normativo de referencia que cuenta además con la función de integrar el verdadero contenido de los tipos penales".

Por todo ello, "es obvio que no cabe siquiera valorar la posible existencia de cualesquiera otras formas de responsabilidad penal como delitos de aborto, lesiones al feto o contra la integridad moral como pretende con inusitado rigor la denunciante", que acusó de la posible comisión de los delitos a cuatro científicos, entre ellos, al actual director del Banco Nacional de Líneas Celulares, Pablo Menéndez.

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