Francisco de Vitoria ve "dañinas" las palabras de Moliner porque pueden "influir" en casos sensibles para los políticos

 Gonzalo Moliner
EUROPA PRESS
Actualizado 24/05/2013 19:18:07 CET

Advierte que sus valoraciones sobre los escraches o la instrucción de los ERE pueden "interferir o presionar" en estas causas

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha considerado "dañinas" para el Estado de Derecho actuaciones como la del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, valorando si los escraches pueden ser delito o evaluando la duración de una instrucción compleja como la de los ERE al entender que tales expresiones pueden "influir, interferir o presionar" en la forma en que los jueces resuelven asuntos "sensibles" para la clase política.

La asociación judicial se ha expresado así en un comunicado después de que el presidente del órgano de gobierno de los jueces afirmase que no le parece "normal ni aceptable" el retraso acumulado en la toma de declaración a algunos de los imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

El Comité Nacional de la asociación Francisco de Vitoria ha censurado estas manifestaciones hechas a título personal porque "pudieran influir en la labor de los jueces de instrucción, primero valorando lo que pudiera ser delito y qué no --caso de los escraches--, y ahora "evaluando" la duración de una instrucción indudablemente muy compleja y las diligencias que a su juicio deben practicarse, con expresa advertencia de "tomar medidas".

Subraya que el Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional llamado a garantizar la independencia judicial y a defenderla frente a cualquiera que la cuestione o ataque. "La indeseable politización del órgano de gobierno de los jueces, en la que pretende profundizar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en trámite parlamentario, llega a su esplendor", dice.

"Se hace no solo visible y palpable, sino también terriblemente dañina al Estado de Derecho con actuaciones como esta, cuando es precisamente el presidente del máximo órgano constitucional del Poder Judicial, quien con sus expresiones publicas pudiera influir, interferir o presionar en el fondo o en la forma de resolver determinados asuntos sensibles a la clase política, de la cual proviene su nombramiento", señala.

PRUDENCIA Y RIGOR EN LOS JUICIOS DE VALOR

En su opinión, es exigible "una especial prudencia" en las manifestaciones y el "máximo rigor" en los juicios de valor de quien es la cuarta autoridad del Estado, sobre todo cuando los mismos versan sobre asuntos concretos que están o pueden estar 'sub iudice', "por respeto a la institución que representa y a la constitucional independencia judicial, de la cual debe ser el primer garante".

"Las diligencias de un sumario son secretas hasta la apertura de juicio oral. Esta asociación quiere manifestar su sorpresa por el hecho de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial exprese públicamente datos de uno de ellos y cuestione públicamente la labor de la juez de instrucción", añade en el comunicado.

Dicho esto, la asociación muestra su sorpresa por que Moliner afirmase que no le consta que la juez Mercedes Alaya esté actuando de modo inadecuado y que sufre una sobrecarga de trabajo, y que, al mismo tiempo, realizase consideraciones paralelas sobre eventuales responsabilidades disciplinarias "en unos términos verdaderamente inquietantes e inaceptables cuando provienen precisamente de quién estaría llamado a participar en la decisión de un eventual expediente disciplinario que, a día de hoy, no existe".

El CGPJ aseguró después en una nota que Moliner en ningún cas pretendió expresar intención alguna de iniciar actuaciones disciplinarias contra la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En todo caso, la asociación Francisco de Vitoria ha mostrado su compromiso en seguir defendiendo un modelo de juez profesional e independiente y reclamando que el Consejo se convierta en "lo que nunca debió dejar de ser": el órgano constitucional llamado a garantizar la independencia judicial.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies