MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fundador y máximo accionista del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, declara este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de la causa que investiga la quiebra de la empresa tecnológica.
Pérez Dolset, en prisión incondicional desde el pasado 30 de junio por la posible comisión de delito de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias, solicitó declarar de manera voluntaria ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, según informan fuentes jurídicas.
En el auto en el que decretó la prisión incondicional para el empresario, el juez le acusó de captar cerca de 70 millones de euros provenientes de fondos públicos entre los años 2011 y 2016 y de poner en marcha un entramado societario para ocultarlos. Sostiene además que el presunto cabecilla de la trama desvió fondos de la compañía para destinarlos a fines privados de la familia Pérez Dolset.
Javier Pérez Dolset fue detenido junto con otras siete personas el pasado 29 de junio en un operativo coordinado conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Todos ellos se negaron a declarar ante el magistrado, que decretó prisión sin fianza para el acusado y dejó en libertad con medidas cautelares al resto de detenidos.
El empresario se limitó a aclarar ante el juez que estaba arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 110.000 euros en una cuenta bancaria. Sin embargo los fiscales del caso, Carlos Yáñez y José Grinda, alegaron que el presunto cabecilla sí dispone de patrimonio, en concreto de 101 millones de dólares en Panamá y solicitaron prisión incondicional.
"CÍRCULO DE INFLUENCIAS"
Los investigadores sostienen que el principal fundador del grupo se valió de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos que obtuvo principalmente gracias a un "círculo de influencias" cercano a las administraciones públicas y que le permitió ejecutar sus proyectos ficticios, según destaca el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto.
El juez considera que tuvo una "intervención fundamental" en la situación de insolvencia de la empresa tecnológica porque creó un sistema con el que obtuvo subvenciones de forma masiva falseando los requisitos para acceder a éstas.
