Fungairiño renuncia por razones personales a un cargo que estuvo envuelto en la polémica desde el nombramiento

Actualizado 01/02/2006 18:35:26 CET

Mantuvo enfrentamientos con Conde-Pumpido y sintonía con Cardenal, que le nombró.

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Eduardo Fungairiño renunció hoy por motivos "estrictamente personales" a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un nombramiento que estuvo envuelto en polémica desde el mismo día de su designación, el 30 de mayo de 1997. De hecho tuvo que ser ratificado en su cargo por el Tribunal Supremo, ya que fue recurrido al haber sido nombrado contando con la oposición por unanimidad del Consejo Fiscal.

El Supremo entendió que el dictamen del Consejo Fiscal, que se opuso por unanimidad tanto a la designación de Fungairiño para el puesto como a su ascenso a fiscal de Sala, no era vinculante para el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien hizo la propuesta al Consejo de Ministros.

El recurso de la Asociación de Fiscales contra el nombramiento se fundamentaba en que el Estatuto del Ministerio Fiscal, en su artículo 13.2, establece que el fiscal general del Estado propondrá los ascensos a fiscal de Sala -categoría necesaria para ser fiscal jefe de la Audiencia Nacional- "conforme a los informes" del Consejo Fiscal, expresión que interpretaban que determinaba que el dictamen de este órgano asesor era vinculante.

El nombramiento de Fungairiño como fiscal jefe no sólo causó rechazo en el mundo fiscal, ya que fue criticado por buena parte de los grupos políticos. Así, mientras socialistas y nacionalistas avisaban de que su designación sólo "empeoraría" la situación que vivía la Audiencia Nacional, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, señalaba que con su nombramiento "se cerraba la crisis" de la Audiencia.

La polémica se debía a que Fungairiño había formado parte del grupo de fiscales denominados "indomables" que con su actitud provocaron la destitución del anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, con la alegación de que no había tenido autoridad para resolver la crisis.

Finalmente ni Fungairiño ni la fiscal del Tribunal Supremo María Dolores Márquez de Prado, esposa del ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, tuvieron que pagar la multa de 50.000 pesetas con la que habían sido sancionados, al estimar sus recursos la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Sí pagaron sus multas los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y Pedro Rubira.

DESACUERDOS CON FISCALÍA GENERAL.

Desde la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como fiscal general del Estado de Cándido Conde-Pumpido, los desacuerdos con Fungairiño han sido frecuentes. Comenzaron con la distancia radical que ambos mantenían en asuntos como la persecución universal de crímenes como el genocidio.

Así mientras Fungairiño siempre se opuso a la investigación en la Audiencia Nacional de los delitos cometidos durante la dictadura de Chile y Argentina, la llegada de Conde-Pumpido a la Fiscalía General del Estado permitió que el fiscal acusara al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien en abril de 2005 fue condenado a 640 años de cárcel. El cambio de criterio fiscal también ha facilitado la investigación del "caso Guatemala".

El nombramiento de Conde-Pumpido supuso, además, un cambio de criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la investigación del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles.

Otro de los desacuerdos sonados se produjo a finales del año pasado cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba dispuesta a investigar una querella presentada contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), como sucesora de Batasuna, y no pudo hacerlo, al negarse el fiscal general del Estado. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió la querella con la oposición de la Fiscalía.

DESAUTORIZACIÓN PÚBLICA.

Además, Fungairiño fue desautorizado por su superior jerárquico cuando interpuso una denuncia contra el juez Baltasar Garzón, ya que, en su opinión, el magistrado había cometido un delito de revelación de secretos cuando en su libro de memorias dijo que el atentado que ETA había intentado cometer en la estación madrileña de Chamartín en la Nochebuena de 2003 no era comparable al 11-M.

El fiscal general también mostró en público su desacuerdo con Fungairiño cuando éste compareció en la comisión de investigación del 11-M en el Congreso de los Diputados. El hasta hoy fiscal jefe de la Audiencia Nacional aseguró ante los parlamentarios que ignoraba la existencia de una furgoneta en las inmediaciones de la estación de tren de Alcalá de Henares (Madrid), en la que se introdujeron las bombas en los trenes, porque sólo veía en televisión reportajes de la BBC.

Hace quince días Fungairiño se pronunció sobre la ilegalidad del acto que Batasuna había convocado, para dar a conocer su nueva Mesa Nacional, antes de que lo hiciera el fiscal general y se remitió a Conde-Pumpido para saber qué iba a hacer la Fiscalía.

CURRICULUM VITAE.

Fungairiño, que cumplirá 60 años el próximo mes de mayo, forma parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desde su fundación, el 26 de enero de 1980, y fue nombrado teniente fiscal, el 1 de junio de 1988. Desde su incorporación a la Audiencia se ha ocupado de importantes sumarios de terrorismo.

Además, su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones en documentación intervenida a ETA como posible objetivo terrorista. De hecho, el día en el que la banda armada atentó contra el entonces presidente de la Audiencia Nacional Mateo Lage se halló un artefacto en la portería de su domicilio.

También participó en la instrucción del sumario por el envenamiento masivo producido por el aceite de colza, que se prolongó entre 1981 y 1990, y del que aún se están pagando las indemnizaciones a los afectados. Fungairiño es el encargado de tramitar las extradiciones y euroórdenes de la Audiencia Nacional, y ha impulsado numerosos encuentros internacionales entre profesionales de la Justicia.

Fungairiño, que siendo joven sufrió un grave accidente de tráfico que le provocó una tetraplegia, ingresó en la Escuela Judicial como fiscal en prácticas en noviembre del 72, y el 18 de mayo de 1973 fue nombrado abogado-fiscal de la Audiencia de Barcelona.

Entre las distinciones que ha recibido figuran la Cruz de Honor y la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil. Además, en el extranjero su profesionalidad ha sido distinguida con la Gran Oficial de la Orden Nacional al Mérito de la República de Ecuador y como Oficial de la Legión de Honor de la República francesa.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies