Alegan que existe una causa similar abierta en los juzgados de Barcelona y en el TSJ de Cataluña
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de la dirigente de la CUP Anna Gabriel y de la expresidenta de este grupo parlamentario Mireia Boya dudan de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sea el competente para instruir la causa contra el denominado 'procés' debido a que fue compañero de Sala con el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza.
Así lo hace en un escrito dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicitan que estudie la competencia de Llarena para investigar los hechos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.
Los letrados afirman que esta Sala no puede llevar a cabo esta investigación porque es "perfectamente conocedora" de que existe una causa similar abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra personas aforadas, que investigan los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Destacan que muchas de las diligencias que utiliza el juez Llarena en su investigación, como informes de la Guardia Civil, intervenciones telefónicas o documentos como la denominada agenda del 'procés', incautada en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras --en prisión incondicional--, provienen del juzgado de Barcelona.
Los abogados subrayan que existe una "falta de apariencia de imparcialidad objetiva" pues el fiscal que firmó la querella contra el exGovern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament, el fallecido José Manuel Maza, "fue durante catorce años miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento" y a la que pertenece el juez Llarena. También menciona a Julián Sánchez Melgar, quien ha sido miembro de la misma hasta su elección como máximo representante del Ministerio Público.
POSIBLE RECUSACIÓN
En este sentido, abren la puerta a recusar al juez instructor por "haber compartido Sala con una de las partes", ya que se puede entender como "un supuesto equiparable a la amistad íntima" debido a la "relación humana que se produce en esta situación".
"Puede comprometer la neutralidad del juzgador, o al menos resulta razonable pensarlo", añade el escrito, que recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los magistrados que se encuentren en una circunstancia como ésta "a abstenerse del conocimiento de una causa" porque "le declara objetivamente en riesgo de parcialidad".
Por ello, piden que la causa sea remitida a los juzgados de instrucción de Barcelona con el fin de "preservar la apariencia de imparcialidad objetiva". Atendiendo al "criterio naturalístico", los abogados interesan que sea enviada a dicho órgano judicial porque fue allí "y en otros puntos de Cataluña" donde tuvieron lugar los hechos que relatan la querella.
Solicitan también que una vez incoada la causa en ese órgano judicial, se forme una pieza separada correspondiente a los aforados y se eleve al TSJC.
DECLARACIONES DE SAÉNZ DE SANTAMARÍA
Por otro lado, y en relación con la falta de independencia judicial, los abogados apuntan hacia el Gobierno de Mariano Rajoy como responsable de las prisiones de algunos de los investigados. Afirman que el Ejecutivo, y concretamente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "ha hecho declaraciones contundentes atribuyendo al papel del ejecutivo el actual resultado de privación de libertad y exilio de los principales líderes independentistas".
El escrito reproduce parte de un discurso de Santamaría en el que pedía el voto para el PP en las elecciones del pasado 21 de diciembre afirmando que su partido era el que había "descabezado" a los partidos independentistas. "Es lógico que declaraciones como estas, entre muchas otras, generen perplejidad en una sociedad que ya se muestra muy crítica con el funcionamiento de la cúpula judicial y su designación", concluyen los letrados.
Para hacer más hincapié en la falta de competencia del alto tribunal, los defensores de Gabriel y Boya recuerdan que con motivo de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, el partido político UPyD interpuso una querella ante Tribunal Supremo contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas --también investigado en esta causa-- y otros representantes políticos y que tanto la Fiscalía como la Sala Segunda rechazaron "de forma tajante" la competencia de instruir el 9N.
Uno de los criterios que señaló la Sala entonces para declarar la competencia del TSJC fue que los hechos denunciados se desarrollaron en Cataluña. "La contundencia de los argumentos de aquel auto es perfectamente aplicable a la presente causa especial y no se ha justificado ni argumentado a qué responde el cambio diametral de criterio de esta Sala", destaca el escrito de las defensas de las representantes de la CUP.
Precisan que la "única argumentación" que se ha ofrecido para justificar la "excepcional interpretación" de cambio de criterio es el "carácter plurisubjetivo del delito de rebelión" que se están investigando.
NO SE PUEDEN REVISAR LAS SENTENCIAS DEL SUPREMO
Además, el escrito alega que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías si la causa continúa instruyéndose en el alto tribunal porque éste no goza de segunda instancia y por tanto no se puede recurrir la futura sentencia para que un tribunal superior la revise.
Por último, los abogados recogen jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la imparcialidad judicial y advierten que si no se atiende a su petición de declinar la competencia del Supremo en esta causa, la cuestión se llevará hasta la jurisdicción internacional.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena amplió el pasado mes de diciembre la investigación contra Anna Gabriel, Mireia Boya, Artur Mas, la número dos de ERC, Marta Rovira; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Todos ellos, según los informes de la Guardia Civil que han sido entregados al magistrado del alto tribunal, habrían formado parte del Comité Estratégico para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Así constaba en el documento 'Enfocats', la hoja de ruta del 'procés' incautada en el domicilio de Jové.
