Gallardón propone aumentar el número de beneficiarios que tengan derecho a ser defendidos por un abogado de oficio

Actualizado 22/10/2012 21:16:21 CET

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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el pleno del Congreso de los Diputados que propondrá a las comunidades autónomas elevar el umbral para acceder a la Justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como hasta ahora.

El titular de Justicia ha aprovechado el debate del proyecto de ley que regula una subida de tasas en la Administración de Justicia para hacer este anuncio, que permitirá que los beneficiarios que cobran menos de 15.975 euros anuales pasen a ser titulares del derecho a la Justicia gratuita y puedan acceder a abogados de oficio.

La actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce el derecho a tener un abogado de oficio a quienes acrediten una renta inferior al doble del salario mínimo interprofesional en cómputo anual y contando los ingresos de toda la unidad familiar. Así, se beneficiaban de este sistema quienes percibían hasta 14.910 euros al año.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros. Se publica anualmente a través de la Ley de Presupuestos y fue de 532,51 euros en 2012. Por su parte, el salario mínimo interprofesional durante el año 2012 se fijó en los 641,40 euros mensuales.

En este sentido, el ministro ha recordado que algunas comunidades autónomas se ven "desbordadas" a la hora de garantizar la viabilidad de este Servicio, mientras que los abogados del turno de oficio sufren retrasos en sus retribuciones.

"Este Gobierno no va a permanecer indiferente", ha enfatizado Gallardón, para precisar que no es necesaria ninguna devolución competencial, sino que se trata de entablar un diálogo con las comunidades basado en el principio de equilibrio y solidaridad territorial. "Es el único camino admisible en tiempos de crisis", ha remachado.

La futura reforma de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita permitirá abordar aspectos como la puesta en marcha de mecanismos de prevención del fraude con la vista puesta en tener una "Justicia gratuita más justa".

TASAS PONDERADAS Y SIN TRABAS CONSTITUCIONALES

El ministro ha acudido a la Cámara Baja para presentar el proyecto de ley que regula las tasas en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo, al que la oposición ha presentado siete enmiendas a la totalidad pidiendo su devolución al Gobierno.

Gallardón ha defendido la constitucionalidad de las tasas judiciales, argumentando que no constituyen "en absoluto" una traba al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. A su juicio, la norma evidencia un "profundo carácter social" al vincular la recaudación de las tasas a la financiación de la Justicia gratuita.

En este sentido, ha manifestado que el coste de la Administración de Justicia alcanzaba los 3.900 millones de euros en 2010 y las tasas apenas cubren el 10 por ciento del presupuesto total. Ha manifestado que las tasas son "absolutamente ponderadas" y quedan todavía lejos de la media europea.

Entre los objetivos de la reforma se encuentra el de atajar posibles desvíos o abusos con el afán de dilatar los procesos. "El Estado no puede ser cómplice de maniobras dilatorias. No pediré al contribuyente que financie esas tácticas", ha añadido.

El ministro ha aceptado algunas de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular como es la exclusión del pago para los juicios monitorios con asuntos inferiores a los 2.000 euros. Además, quedan exceptuados los procesos de capacidad, filiación y menores y los de protección de los derechos fundamentales.

Según ha subrayado, los procesos penales quedan exceptuados del pago de las tasas, que representan el 72,4% de los asuntos que entraron en los juzgados en 2011), así como la primera instancia en el orden Social.

El proyecto de ley prevé tres bonificaciones en el pago de tasas. Se devolverá el 60% de la cuantía cuando haya una solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen procedimientos, y un 10% al utilizar medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados.

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