Geólogos consideran que la nueva Ley de Ciencia supone "un menosprecio" a las profesiones técnicas

   El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha mostrado su oposición al anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado hoy en Consejo de Ministros, ya que, en su opinión, supone "un menosprecio a las profesiones técnicas".

   Según adelantó el ICOG a Europa Press, "la ley se convierte en un instrumento elitista en favor de los investigadores, primando la investigación científica y ninguneando a los técnicos y a los gestores". "La ley dedica sólo dos artículos a la escala de técnicos, especificando que se les aplicará una legislación diferente a la de la ciencia, mientras que los investigadores cuentan con 16 artículos pormenorizados donde, entre otros conceptos, se detalla el desarrollo de su carrera profesional, sus deberes y sus derechos" puntualiza.

   Este organismo alerta de que, hasta ahora, los técnicos realizaban actividades científicas y técnicas en los Organismos Públicos de Investigación (OPIS) pero, con el nuevo texto, "no podrán dirigir ni proponer proyectos". Asimismo considera que "ciencia y técnica no se pueden separar porque constituyen el ciclo de adquisición de conocimiento". "La ciencia permite el desarrollo de la técnica y ésta, con la experimentación y metodología, ayuda a formular avances científicos", apostilla.

   Otro de los aspectos negativos de la nueva normativa radica en el hecho de establecer "investigadores de primera y de segunda según el OPI de procedencia". "Los investigadores adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tienen prioridad con respecto a otros OPIS, que quedan relegados a una categoría inferior", lamenta.

   Por último, el Colegio denuncia que la Ley de la Ciencia ha llegado al Consejo de Ministros "sin modificaciones fundamentales" respecto al borrador presentado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a investigadores y agentes sociales hace dos semanas. Sin embargo, considera positivo que el texto "elimine las barreras a la movilidad de investigadores entre centros de investigación, universidades y empresas y que estimule una mayor aportación de la iniciativa privada a la I+D+i, como la hacen en otros países".