MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno ha acordado este viernes en su reunión del Consejo de Ministros impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, basándose en el informe aprobado por el Consejo de Estado que avala esa decisión. El recurso se registrará hoy mismo y con él, el Ejecutivo solicitará la suspensión de todas las actuaciones para organizar este denominado proceso participativo, tanto las ya realizadas como las que vengan. El Pleno del alto tribunal decidirá el martes la admisión a trámite del recurso y el Ejecutivo espera que Artur Mas "cumpla esta vez la resolución", ha advertido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Santamaría ha instado al presidente catalán a ser "muy consciente" de que si con la primera consulta vulneraba la Constitución, con esta nueva fórmula "vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna, y eso es un paso más en su responsabilidad". Sin embargo, no ha ido más allá de la advertencia y no ha precisado si el Ejecutivo se plantea acciones legales contra Mas, como máximo responsable del primer referéndum y del lanzamiento de esta alternativa para el día 9, contraria según el Gobierno a la suspensión dictada por el TC. De hecho, la vicepresidenta ha hecho hincapié en que uno de los objetivos principales del recurso es defender los derechos de los ciudadanos catalanes a los que, a juicio del Gobierno, Artur Mas está trasladando la responsabilidad de incumplir la ley, una responsabilidad que él "no quiere asumir con su firma". "El Gobierno quiere defender los derechos de los catalanes y en especial de los funcionarios, a los que la Generalitat quiere colocar a la intemperie legal", ha dicho, recordando el aviso a directores de colegios e institutos para que el día 9 abran sus centros y estos acojan urnas de votación. "Uno de los objetivos fundamentales es proteger a los funcionarios, que se no se vean obligados a incumplir la ley", ha añadido. La vicepresidenta ha aclarado también que el Gobierno no toma por el momento medidas económicas contra la Generalitat por usar fondos públicos para actos que considera ilegales, como podría ser reducirle partidas de financiación. "Ya la Generalitat ha perjudicado bastante los derechos de los catalanes como para que el Gobierno adopte medidas en perjuicio de los servicios públicos a los que tienen derecho", ha zanjado. SIN GARANTÍAS La vicepresidenta ha recordado que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto" y que participan como voluntarios "captados e instruidos". Con su recurso, ha explicado que el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios. Santamaría ha repasado las "evidencias" que a juicio del Gobierno hacen inconstitucional esta nueva consulta y que señala el Consejo de Estado en su dictamen. Así, ha asegurado que esta segunda convocatoria tiene "apreciables elementos de carácter refrendario", como el llamamiento a votar en sobre cerrado y urna, y que la Generalitat no tiene competencia para ello. Estos vicios de inconstitucionalidad, ha añadido, no pueden ser "sanados" por normas de rango inferior, como una ley autonómica de consultas. Por otro lado, Sáenz de Santamaría ha señalado también que utilizar a personas voluntarias para llevar adelante la jornada del día 9 "eleva si cabe la gravedad de los vicios" porque "omite las más elementales garantías constitucionales para la participación política", como es la neutralidad del proceso. Se trata de voluntarios, ha dicho, reclutados y aleccionados a favor de un resultado concreto. Ha añadido que el Gobierno considera además que "la propia actitud de los convocantes" subraya la ilegalidad de esta nueva consulta, ya que "reiteran su voluntad de eludir los mecanismos de control de constitucionalidad". "Se trata de evitar, en definitiva, un fraude a los ciudadanos", ha concluido.
