La vicepresidenta argumenta que los recursos al TC obedecen a un conflicto de competencias y no tienen ninguna motivación política
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno analizará de nuevo y "con mucho interés" la ley catalana antidesahucios y contra la pobreza energética antes decidir mañana en su reunión del Consejo de Ministros si la lleva al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, según han acordado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la reunión mantenida este jueves en el Palacio de la Moncloa.
La conflictividad ante los tribunales ha sido uno de los asuntos que ambos han tratado en el encuentro, de una hora y cuarto de duración, que ambos han calificado de "cordial" aunque "difícil" por su divergencia de posturas en múltiples asuntos. "Hay una batería de recursos y suspensiones de todo tipo", ha denunciado Junqueras, a lo que Sáenz de Santamaría ha respondido alegando que se trata de recursos que interponen ambas administraciones para que el Tribunal Constitucional haga de "árbitro" entre ellas.
El asunto más inmediato es la Ley 24/2015 del Parlament de Cataluña, algunos de cuyos artículos el Gobierno podrían ser recurridos mismo por el Consejo de Ministros. Junqueras ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno que se paralice ese recurso y, si se interpone, no se pida la suspensión cautelar, ya que se trata de "un instrumento útil para la ciudadanía" que además ha servido de ejemplo para leyes de otras comunidades autónomas.
Sáenz de Santamaría no ha querido aventurar cuál será la decisión final del Consejo de Ministros y se ha limitado a asegurar que la ley será analizada "con mucho interés", aunque ha querido dejar claro que, en caso de recurrirse, se trataría de algunos artículos concretos, no la ley completa, y por invasión de competencias, no por desacuerdo con el fondo del asunto.
"Para el Gobierno no es asunto del contenido de la norma sino de hasta dónde un parlamento autonómico puede entrar o no a regular ese asunto", ha argumentado asegurando que los recursos no se basan en "criterios políticos". "No estamos hablando de discrepancias políticas sobre el fondo del asunto. Estamos hablando de discrepancias sobre el reparto competencial", ha insistido.
Por su parte, Santamaría ha pedido a Junqueras que la Generalitat no lleve al Tribunal Constitucional la regulación de las auditorías energéticas a las grandes empresas, que el vicepresidente catalán se ha comprometido a estudiar, igual que la firma de los convenios sobre gestión de emergencias y conectividad de los centros escolares.
Este cruce de peticiones sobre futuros recursos ha tenido lugar después de que este miércoles fuera público el acuerdo sobre cinco puntos en conflicto para evitar llevar al Tribunal Constitucional tres leyes. "Sólo faltaría", ha dicho Junqueras sobre la decisión de no recurrir el Instituto Catalán de Finanzas, a lo que Santamaría ha respondido explicando que el acuerdo ha sido posible gracias a una matización en el carácter del órgano.
DESACUERDO SOBRE LA FINANCIACIÓN
Otro asunto que ha estado sobre la mesa durante la reunión ha sido el de la situación económica y el cumplimiento de los objetivos de déficit, que este mismo jueves es objeto de debate en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que mantiene el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con todas las comunidades autónomas.
Junqueras ha trasladado su convencimiento de que la distribución del techo de déficit entre administraciones es "profundamente injusta, arbitraria y está muy lejos de lo que los ciudadanos merecen" y, aunque ha reconocido el avance de pasar del 0,3% al 0,7%, ha denunciado que esta cifra está aún "a años luz" de lo que considera que correspondería a Cataluña.
Sin embargo, la vicepresidenta ha recordado algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo que han supuesto "un desahogo" para muchas autonomías y para Cataluña en concreto, que en 2016 recibirá 1.862 millones de euros más del sistema de financiación respecto al anterior ejercicio y se ha ahorrado en intereses otros mil millones de euros.
"Nosotros tenemos en cuenta todos los fondos y criterios y partidas de todos los presupuestos. Pero si el Gobierno cumpliese con sus obligaciones, el FLA sería innecesario", ha defendido por su parte el vicepresidente catalán.
REUNIÓN FERNÁNDEZ DÍAZ-JORDI JANÉ
Respecto a la Junta de Seguridad, que no se reúne desde hace siete años y para la que la Generalitat reclama una cita urgente, Santamaría ha ofrecido sustituirla por un encuentro entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el conseller del ramo, Jordi Jané, dada la interinidad del Gobierno. A su juicio, la cooperación entre los diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad funciona correctamente, pero esta reunión puede servir para mejorar algunos aspectos operativos.
Otro de los puntos de desencuentro es el plan hidrológico del Ebro, contra el que Junqueras se ha manifestado y ha expresado su esperanza de que sea echado atrás por las instituciones europeas. Santamaría no comparte esta postura, aunque ha mostrado su "respeto", y ha señalado que supone un 55 por ciento de caudal superior al que solicitaba el expresidente Artur Mas en 1996 y que Cataluña recibirá hasta el año 2021 más de mil millones de euros en inversiones, la cuarta parte de la inversión total.
