El Gobierno aprueba la reforma de CGPJ que mantiene la elección parlamentaria

Actualizado 01/03/2013 18:08:14 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado dos proyectos de ley por los que se reforma el modelo y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En ellos, se mantiene la elección parlamentaria de los 20 vocales, aunque se aumenta el peso de los no asociados, y se limita la dedicación exclusiva a los seis miembros de la Comisión Permanente, al presidente y al vicepresidente del Supremo.

El Ministerio de Justicia pretende agilizar el proceso de renovación, el funcionamiento y la estructura del órgano de gobierno de los jueces con un "menor coste económico". Para ello, ha tenido en cuenta el diálogo abierto en los últimos meses con el PSOE con el fin de sumar "al mayor número de grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes y evitar así que instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho sean modificadas en cada cambio de Gobierno".

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya llevó el pasado 21 de diciembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial y trasladó, recientemente, otro texto por el que suspendía la aplicación del sistema actual de designación con el fin de que la renovación prevista para septiembre se haga conforme al nuevo modelo.

Entre las novedades incluidas en el proyecto presentado este viernes, se incluye que el Consejo tenga la potestad de informar sobre las leyes que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales. Además, atribuye el control interno a un interventor del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado que dependerá funcionalmente del Consejo.

DIEZ VOCALES CADA CÁMARA

El texto fija que sean las Cortes quienes elijan por mayoría de tres quintos a los veinte vocales del CGPJ: el Congreso designará a cuatro juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y a otros seis correspondientes al turno judicial, eligiendo el Senado al resto.

Se abre la puerta a una mayor participación de los jueces no asociados al permitir que cualquiera pueda presentar su candidatura con el aval de 25 jueces en activo o el de una asociación judicial. Cada togado o asociación podrá a su vez avalar a un máximo de 12 candidatos. En la actualidad, se eleva una lista con hasta 36 candidatos a las Cortes.

Según el texto propuesto, todas las candidaturas se remitirán a las Cámaras para que cada una elija a seis vocales de adscripción judicial. Las Cortes "procurarán respetar la proporción existente en la Carrera judicial entre afiliados y no afiliados y, como mínimo, la proporción de tres magistrados del Tribunal Supremo, tres con más de 25 años de antigüedad, cuatro con menos y dos jueces". El presidente del Supremo y los vocales no tendrán el deber de comparecer ante el Parlamento por razón de sus funciones.

Para evitar bloqueos en la renovación, el sistema prevé que si una de las Cámaras no procede a la elección de sus vocales, el Consejo se formará con los diez nuevos designados por la otra Cámara y los diez que en su día eligió la que ha incumplido el plazo. El nombramiento de vocales con posterioridad no supondrá la ampliación de su cargo más allá de los cinco años de mandato.

TODOS EN SERVICIO ACTIVO

Junto al presidente del Tribunal Supremo, los miembros de la Comisión Permanente (tres procedentes de la carrera judicial y tres juristas, que rotarán anualmente) y el vocal nombrado como vicepresidente del CGPJ serán los únicos que perciban una retribución. Los demás sólo cobrarán dietas por su asistencia al Pleno o a comisiones.

Podrán presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ los magistrados del Alto Tribunal con una antigüedad de al menos tres años en la categoría o juristas eminentes con más de 25 años de experiencia profesional. El vicepresidente del Consejo también será elegido entre magistrados del Supremo.

El vicepresidente del Supremo será quien sustituya al presidente en los supuestos de vacante, enfermedad o cualquier otro motivo en el Alto Tribunal. Ambos quedarán en situación administrativa de servicios especiales mientras desarrollan su labor (es decir, mantendrán la plaza que ocupaban en el momento de su designación y se les computara la antigüedad que generen en su nuevo destino).

NUEVA FIGURA DEL PROMOTOR DISCIPLINARIO

La actividad internacional del órgano de gobierno de los jueces deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores. La Comisión Permanente asumirá las competencias que en la actualidad se reparten una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria, a la de Igualdad y a la de Asuntos Económicos, que se mantienen. Se reorganiza el Cuerpo de Letrados y se requiere la titulación en Derecho, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

Otra novedad que incluye el proyecto es la creación de la figura del promotor de la Acción Disciplinaria, que será un magistrado del Tribunal Supremo o uno con mas de 25 años de antigüedad. Se ocupará de instruir los expedientes y acusará ante la Comisión Disciplinaria, la cual actuará como tribunal disciplinario y resolverá los expedientes por infracciones graves o muy graves, aunque la sanción de separación del servicio seguirá correspondiendo al Pleno.

La decisión del promotor de la Acción Disciplinaria de no iniciar o de archivar un expediente disciplinario ya iniciado podrá ser impugnada ante la Comisión Permanente. La Comisión Disciplinaria estará formada por siete vocales, cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia, y sus acuerdos podrán ser recurridos en un plazo que aumenta de 10 días a un mes.

La votación también se modifica al exigir por regla general una mayoría simple, reservando otra reforzada a las decisiones de especial relevancia previstas en la ley, como las destituciones de vocales y del presidente.

El primer presupuesto del órgano de gobierno de los jueces se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo y mantendrá autonomía presupuestaria. Las retribuciones y dietas de los vocales se fijaran por los Presupuestos Generales del Estado.

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