El Gobierno aprueba la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que refuerza su autonomía y limita el mandato a 4 años

Actualizado 14/07/2006 18:39:51 CET

La reforma incorpora una lista de causas tasadas para el cese del Fiscal General, que tendrá que comparecer ante el Parlamento

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministro aprobó hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el anteproyecto de Ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regulará el régimen de comparecencia del Fiscal General del Estado ante el Parlamento y su cese por causas tasadas. La reforma, que limita el mandato del Fiscal General por cuatro años, reforzará la autonomía del Ministerio Fiscal y apostará por la especialización de fiscales como respuesta a las nuevas formas de criminalidad organizada.

López Aguilar explicó en rueda de prensa que la reforma del Estatuto Fiscal prevé la modificación del régimen de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, con el fin de que "se establezcan garantías adicionales en su regulación, respetando, en todo caso, el sistema de designación que se regula en el artículo 124 de la Constitución".

Según la normativa, el candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diputados antes de su toma de posesión.

Igualmente, la reforma introduce una lista de causas tasadas por las que podría ser destituido; a petición propia, por incompatibilidad o prohibición establecidas en la Ley, por incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y por fin del mandato del Gobierno que lo propuso.

CONDE-PUMPIDO

En cuanto al actual mandato del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, López Aguilar afirmó que el Gobierno ha previsto "la aplicación de este nuevo régimen jurídico a partir de su entrada en vigor". Según apuntó, "se prevé que el actual fiscal general desempeñe sus funciones hasta la entrada en vigor de la presente ley y sólo después de su entrada le sería aplicado lo previsto para que el nuevo nombramiento se realice con las condiciones que se contemplan en el nuevo régimen jurídico".

El nuevo Estatuto Fiscal limitará el mandato del Fiscal General del Estado por cuatro años, no reelegible. De esta manera, López Aguilar aseguró que se pretende establecer "una mayor garantía de la autonomía del Fiscal General", al desaparecer el carácter discrecional del cese por parte del Ejecutivo y convertirse así en un acto administrativo revisado ante los tribunales.

El responsable de Justicia insistió en que la reforma actualiza "el Estatuto del Ministerio Fiscal en los aspectos organizativos, institucionales y de despliegue territorial" y aseguró que la normativa "no varía en lo relativo a su función procesal". En esta línea, apuntó que "la Ley de Enjuiciamiento Penal es la única de las grandes leyes de los ordenes jurisdiccionales cuya regulación necesita una actualización global par adecuarla a las líneas del proceso penal de las sociedades democráticas más avanzadas".

El titular de Justicia apuntó, asimismo, que la norma introduce como novedad la necesaria intervención de la Junta de Fiscales de Sala --máximo órgano asesor del Fiscal General en materia jurídica-- siempre que el Fiscal General vaya a impartir instrucciones a sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno.

En este contexto, López Aguilar señaló que se modifica el régimen de abstención del Fiscal General del Estado, respecto a que "cuando en él concurra alguna de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ya no resolverá el Ministro de Justicia, sino la Junta de Fiscales de Sala, aprovechando su condición de órgano colegiado de perfil esencialmente jurídico".

La normativa reforzará la figura del teniente fiscal del Tribunal Supremo, que sustituirá al Fiscal General en caso de ausencia, imposibilidad o vacante y dirigirá, por delegación, la actividad ordinaria de la Fiscalía del alto tribunal. Según el ministro, "esta mayor relevancia se refleja en el sistema de provisión del cargo, al exigir una antigüedad de al menos tres años en la primera categoría de la carrera fiscal".

ESPECIALIZACIÓN

Por otro lado, la especialización constituye uno de los principales objetivos que persigue la reforma para lograr una mayor eficacia en la actuación del Ministerio Público como respuesta a las nuevas formas de criminalidad organizada. En este sentido, López Aguilar se refirió a la creación de las Fiscalías Especiales, que ahora reciben el nombre de Fiscalía Antidroga y Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Respecto a la Fiscalía Antidroga, el ministro especificó que su ámbito de actuación se extiende a "todos aquellos expedientes y procedimientos que se refieran a su materia, a los delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de estupefacientes". Sobre la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, señaló que se tipificarán los delitos de corrupción en el sector privado, conforme a los compromisos europeos de España en materia de armonización legal.

El anteproyecto contempla además reforzar la figura del fiscal en el ámbito de las Comunidades Autónomas, mediante la creación de la figura del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, que viene a sustituir a los actuales Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Según la norma, este Fiscal Superior asume la representación institucional del Fiscal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, además de hacerse cargo de la dirección efectiva del ministerio público en dicho territorio. Además, se crea la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, que pretende articular en un vértice colegiado esa dimensión territorial del fiscal.

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