El Gobierno apunta a Forcadell como primera responsable jurídica y política de lo que pase el lunes

 

El Gobierno apunta a Forcadell como primera responsable jurídica y política de lo que pase el lunes

Publicado 06/11/2015 15:11:56CET

Santamaría advierte a JxSí y la CUP que no se pueden "blindar del cumplimiento" de la Constitución y de la ley Asegura que el Gobierno iniciará el mismo lunes los trámites para presentar un recurso ante el TC

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, como la primera responsable jurídica y política de la posible aprobación el lunes de la resolución independentista. "Sin ningún género de dudas", ha proclamado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Tribunal Constitucional señaló una advertencia al admitir a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos contra la celebración de ese Pleno: el Alto Tribunal señala que el Parlamento tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución durante el debate, por lo que su presidenta es la primera concernida por esa advertencia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno ha recalcado que Forcadell es la presidenta del Parlamento de Cataluña, representa a "la totalidad" de la Cámara y ha dejado "de amparar en sus derechos a la mitad" de los parlamentarios de ese Parlamento.

LOS PASOS QUE SEGUIRÁ EL GOBIERNO

En su comparecencia, Sáenz de Santamaría ha explicado que si el pleno del Parlamento catalán aprueba el 9 de noviembre el texto planteado por Junts pel Sí y la CUP, el Gobierno "inmediatamente, ese mismo lunes, iniciará los trámites para el recurso" ante el Tribunal Constitucional, poniendo en marcha "toda la maquinaria".

Según ha agregado, pedirán con urgencia el informe del Consejo de Estado que es preceptivo y en cuanto lo obtengan se "convocará de manera urgente el Consejo de Ministros" para dar luz verde a la interposición del recurso, en el que pedirán la suspensión de esa declaración independentista. "La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta", ha enfatizado, para añadir que quieren recabar los informes previos en los "mínimos plazos".

La vicepresidenta ha aclarado que si el TC admite el recurso del Gobierno se acordará la suspensión y, a partir de entonces, ninguna institución puede realizar "ninguna actuación contraria a esa suspensión". Según ha agregado, si llevarán a cabo actuaciones, "según la naturaleza" de las mismas, el Gobierno adoptará los pasos que estime oportunos "siempre con proporcionalidad y con prudencia" porque hay "varias posibilidades" y "dependerá de cómo y cuándo se produzca".

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que una vez que haya auto de suspensión, "nadie puede ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración". En este punto, ha precisado que si se estima el recurso de incostitucionalidad del Gobierno y ese texto se declara nulo, "es como si no hubiera existido". "Es como si nunca se hubiera dictado y no puede desplegar ninguno de sus efectos", ha avisado.

NO SE PUEDEN "BLINDAR" DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Después de que JxSí y la CUP hayan ampliado su resolución soberanista para "blindar derechos" ante impugnaciones del TC a leyes catalanas, la vicepresidenta del Gobierno ha restado trascendencia al anexo presentado este viernes por Junts pel Sí y la CUP a su propio texto independentista porque no se pueden "blindar" del cumplimiento de la ley.

"No hay manera posible de blindarse al respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", ha asegurado, para recalcar que en una democracia consolidada como la española no se permite a los ciudadanos, "y menos a sus gobernantes", que se salten la ley,

Por eso, ha reiterado que si el Parlamento catalán aprueba ese texto "desoyendo las advertencias del TC", el Gobierno recurrirá y "esa declaración no producirá ni uno solo de los efectos". Según ha dicho, los independentistas "pueden inventarse todas las cláusulas que quieran" pero el Gobierno y la Constitución no van a permitir que sigan adelante con sus pretensiones.

Sáenz de Santamaría ha indicado que el Gobierno del PP sí que "respeta las decisiones de los tribunales" tanto cuando "dan la razón o cuando la quitan". "Aquí hay unos determinados señores que solo les parece bien cuando ellos van a recurrir o cuando les dan la razón a ellos", ha manifestado.

RAJOY, "ARROPADO" POR LOS PARTIDOS Y LOS AGENTES SOCIALES

Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Estado de Derecho en España "funciona" y tiene mecanismos para frenar el desafío soberanista. "Y este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, de la unidad de España, la soberanía de todos los españoles, la igualdad de todos los españoles y de la legalidad", ha manifestado.

Además, Sáenz de Santamaría ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se siente "arropado" por un conjunto de fuerzas políticas y agentes sociales que, tras la ronda de contactos que se ha producido en el Palacio de la Moncloa, "apoyan la estrategia de cumplimiento de la ley y respeto a la legalidad".

"Por tanto, cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y de las leyes, tendrá una respuesta por parte del Gobierno y, si me permiten, por parte del Estado porque este asunto lo tratamos como un asunto de Estado, que será siempre prudente y proporcional, pero firme y determinada", ha explicado.

LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En cuanto a si los mecanismos que está estudiando el Gobierno para frenar el proceso secesionista figuran también los previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Sáenz de Santamaría ha separado esta actuación en el plano de las administraciones de la relativa al incumplimiento de las decisiones de los tribunales.

Según ha recordado, estos días se ha conocido la situación de tesorería de Cataluña, "fallos en transparencia y otras cuestiones". Ante esta situación, ha recordado que la propia Ley de Estabilidad Presupuestaría o la Ley de Transparencia fijan los pasos a dar en su "propio ámbito" si se produce un incumplimiento de sus supuestos.

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