MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno asegura que equipos antidisturbios vendidos por España no fueron utilizados en la represión policial ejercida durante los últimos meses en Nicaragua contra los manifestantes que exigían la dimisión de su presidente, Daniel Ortega. Además, descarta autorizar nuevas exportaciones al país debido a lo "volátil" de la situación actual, que puede desembocar en un "conflicto civil".
La junta que analiza las exportaciones de la industria española de armas y otro material de defensa, la JIMDDU, autorizó entre los años 2009 y 2016 un total de once licencias de diversos equipos policiales y antidisturbios con destino a la policía nacional de Nicaragua.
Sin embargo, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguró la pasada semana en el Congreso que ninguna de estas licencias se encontraba ya en vigor en julio de 2017 y que las existencias de los equipos de origen español estaban "agotadas" al comienzo de la represión de los últimos meses.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un total de 317 personas, entre ellas 23 menores, murieron a causa de la violencia ejercida por la Policía y "grupos parapoliciales" contra los manifestantes que tomaron las calles de Nicaragua en los últimos tres meses.
La secretaria de Estado reveló además en su comparecencia parlamentaria que durante el pasado año no hubo exportaciones a Nicaragua de material de defensa o policial y descartó que vaya a haberlas de nuevo.
Según repasó, la situación en el país iberoamericano sigue siento "muy volátil" actualmente y no se descarta un "empeoramiento" que "podría derivar en un conflicto civil generalizado". "Por todo ello, resulta totalmente desaconsejable en estos momentos autorizar el envío de material de ningún tipo que pueda permitir que continúe un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Nicaragua", aseveró.
Precisamente este jueves comparecerá en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a petición del PP para explicar la posición del Gobierno respecto a "los graves sucesos acaecidos en Nicaragua".
