El Gobierno canario defiende la "honradez" de los funcionarios que trabajan en la adjudicación del concurso eólico

Actualizado 09/03/2009 17:54:14 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Energía del Gobierno de Canarias, Juan Pedro Sánchez, defendió hoy "públicamente la honradez de las personas que trabajan en el concurso eólico". El también presidente de la comisión de valoración del segundo concurso para la adjudicación de energía eólica convocado en Canarias aprovechó su comparecencia al respecto en comisión parlamentaria para decir que el equipo que dirige "está formado por funcionarios públicos de notoria trayectoria profesional".

Juan Pedro Sánchez abogó por evitar las presiones e imprudencias externas que se están produciendo en un "procedimiento administrativo claro". El viceconsejero, ante a las críticas socialistas, aseguró que "muchos funcionarios sacrificaron vacaciones para seguir trabajando" y pidió respeto para estas personas con "más que demostrada solvencia profesional". En esta línea, explicó que el retraso en el procedimiento administrativo es consecuencia del elevado número de participantes y de errores detectados que han tenido que ser solventados, entre otros motivos.

Desde el Gobierno de Canarias, según explicó el viceconsejero de Energía, se prefirió primar el rigor sobre el cumplimiento del plazo inicialmente establecido para solventar los errores detectados durante el concurso. Siempre trabajando desde una fórmula administrativa "rigurosa y transparente", agregó Sánchez, en un concurso que se resolverá en las próximas semanas ya que ya está en su fase final tras haberse adjudicado ya los megavatios previstos para La Palma, La Gomera y Lanzarote. En los próximos días saldrá la resolución de Fuerteventura, a la que seguirán las de Tenerife y Gran Canaria. En definitiva, según el viceconsejero, no se recuerda "un concurso tan transparente como este".

"DEMONIZAR" RESOLUCIONES DEL GOBIERNO

El diputado del Partido Popular Manuel Fernández opinó que no se pueden paralizar todos los expedientes de esta comunidad autónoma porque se presenten recursos o por las críticas socialistas y, en esta línea, consideró que "no se puede amenazar continuamente con que este concurso terminará en los tribunales" ni "demonizar las resoluciones del Gobierno de Canarias".

Por su parte, la parlamentaria de Coalición Canaria Belén Allende dijo estar preocupada ante la, a su juicio, "peregrina situación" provocada por la labor de control al Gobierno desarrollada por el PSOE. Así, lamentó que el viceconsejero tuviera que empezar su comparecencia defendiendo la honradez de los funcionarios públicos. En esta línea, opinó que los socialistas buscan crear "intranquilidad" en la ciudadanía, pese a lo cual no han presentado alegación ninguna a las resoluciones del concurso eólico. Allende conminó al responsable de Energía a no pedir más respeto frente a las descalificaciones porque así "pierde el tiempo".

CRÍTICAS SOCIALISTAS

Desde las filas socialistas, la diputada Francisca Luengo señaló que se han presentado recursos parciales a las resoluciones del concurso en al menos tres islas y consideró que los grupos que apoyan al Gobierno preferirían que la oposición "estuviera amordazada". Destacó que por encima de apoyar al Gobierno está el "interés general" y estimó que se han interpuesto demasiados recursos por parte de empresas privadas para la cantidad de potencia adjudicada.

Luengo dijo que el PSOE hace política "honrada y de la buena y no tiene por qué ir a ningún tribunal". Este segundo concurso eólico es, según Luengo, un "desastre" y dio por hecho que "no es ni transparente, ni claro, ni objetivo". Las bases, según la diputada socialista, están redactadas de manera "inconcreta" y matizó que, dado el retraso del concurso, consecuencia según Luengo de la gran cantidad de recursos presentados, "no puede decirse que vayan las cosas bien".

Según Luengo, el viceconsejero se contradijo durante el proceso de adjudicación, diciendo una cosa como director general y la contraria como presidente de la comisión. De manera que en las islas mayores, en concreto en Gran Canaria, en la mancomunidad del sureste --aseveró Luengo-- "no se podrá admitir ninguno de los 76 proyectos presentados". En esta tesitura, los alcaldes de esta zona de Gran Canaria han encargado un informe jurídico en previsión de lo que pueda ocurrir.

Sobre las contradicciones de las que habló la diputada socialista, el viceconsejero aclaró que en La Palma se aceptaron las alegaciones de uno de los aspirantes sobre posibles solapamientos entre parques eólicos y se fijaron como criterios técnicos que se aplicarán en las resoluciones de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, al tiempo que se revisarán las de La Gomera, La Palma y Lanzarote a este respecto.

CESE COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

La parlamentaria socialista dio por hecho que al Gobierno le da lo mismo lo que pueda ocurrir en los tribunales en lo que al concurso eólico se refiere. En esta circunstancia, Luengo pidió la dimisión del viceconsejero como presidente de la comisión de valoración del concurso eólico y exclamó que "ya está bien de demagogia y de insultos a la oposición que no tiene nada más que reconocimiento profesional".

En esta línea, acusó al Gobierno de poner a los funcionarios "de escudo sin ningún miramiento" y se mostró convencida de que el consejero nombró a Sánchez "a dedo" para presidir la comisión de valoración. Luengo también acusó a Sánchez de dar directrices a sus funcionarios y le reprochó que no previera los recursos materiales y humanos necesarios para el proceso y opinó que, "lo más grave", es que --pronosticó-- "es el segundo concurso que terminará en los tribunales".

Frente a los reproches del PSC-PSOE, el viceconsejero recordó que las bases fueron muy aplaudidas cuando se presentaron en la anterior legislatura y aseguró que "nadie se opuso". Consideró que hay tantos recursos porque se tiene mucha información, opinó que es normal que en un concurso como el de energía eólica se presenten recursos y explicó que quedó desvinculado de los recursos administrativos cuando fue nombrado presidente de la comisión de valoración que tiene cinco integrantes. Además, Sánchez alegó que en ningún momento el presidente de la comisión impone criterios y subrayó que cualquier decisión de la misma está avalada por todos sus miembros. En definitiva, aseveró que no ha habido ni irregularidades ni arbitrariedades.

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