El Gobierno cántabro apela a la presunción de inocencia de su consejero de Industria

Actualizado 19/05/2008 14:48:45 CET

El auto del TSJC ve "indicios" de que Del Olmo tomó "represalias" contra dos trabajadores tras un juicio laboral

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta cántabra y consejera de Empleo y Bienestar Social del gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga, subrayó hoy su "respeto" por el trabajo de la justicia y por "todas las acciones judiciales" y apeló al mismo tiempo al principio de presunción de inocencia del consejero de Justicia, Javier del Olmo imputado por obstrucción a la justicia.

De esta forma, Gorostiaga respondió a las preguntas de la prensa a propósito de la imputación del consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, por dos presuntos delitos de obstrucción a la justicia, uno de ellos en concurso con otro de prevaricación, por hechos supuestamente cometidos cuando era presidente del Puerto de Santander.

La vicepresidenta destacó su respeto por el trabajo judicial y subrayó el "principio garantista que establece nuestro Estado de Derecho: que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

AUTO.

Precisamente hoy se dio a conocer ya públicamente el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) respecto a la denuncia presentada por dos trabajadores del Puerto contra el consejero y ex presidente de la Autoridad Portuaria.

En dicho auto, fechado el pasado viernes, 16 de mayo, el magistrado instructor explica que se han apreciado "indicios racionales" de que Del Olmo "empeoró" las condiciones laborales de un trabajador del Puerto a raíz de un juicio laboral de reclamación de categoría y, además, despidió al director del Departamento de Administración y Finanzas "por haber declarado como testigo".

Según el magistrado, en las diligencias practicadas hasta el momento también se observan indicios de que Del Olmo acordó el despido del directivo --anulado ya en la jurisdicción social-- pese a que la competencia para despedir a personal directivo es del Consejo de Administración del Puerto.

El magistrado entiende que estos hechos podrían ser constitutivos de sendos delitos de obstrucción a la justicia "por represalias", en uno de los casos en concurso con otro delito de prevaricación, por tomar como presidente del Puerto una decisión que competía al Consejo.

Por ello, da un plazo de diez días a las partes para que formulen escrito de acusación pidiendo la apertura de juicio oral, o bien el sobreseimiento de la causa.

La acusación particular, ejercida por los dos trabajadores, ya ha manifestado su voluntad de presentar escrito de acusación, mientras que la Abogacía del Estado, que representa a Del Olmo, pedirá el sobreseimiento, según avanzó el propio consejero, quien dijo estar "tranquilo" porque, a su juicio, no hay "atisbo" alguno de conducta delictiva y se trata de una cuestión "de índole estrictamente laboral" sin "ninguna base" penal.