Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 05/11/2009 19:49
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta presentará mañana "una denuncia por la vía penal por el montaje aparecido en el portal de Internet Youtube" en el que una pareja solicitaba al presidente del ejecutivo Ceutí, Juan Vivas (PP), su intermediación para conseguir una casa y un trabajo.
Así lo anunció hoy el Ejecutivo ceutí en un comunicado, en el que detalló que la denuncia "va dirigida tanto contra la citada pareja, que se autoidentifica en el montaje como autores de la captación de imágenes, como contra cualquier persona que estuviese implicada tanto en el montaje aparecido en la red, así como en su difusión y distribución".
En este sentido, el Gobierno de Vivas asegura que "seguirá ejerciendo hasta las últimas consecuencias cuantas acciones legales considere oportunas" ante cualquier ataque que pretenda "minar el buen nombre del presidente de la Ciudad y de su Gobierno".
Por último, el comunicado reitera que en el caso del "montaje no se ha vulnerado ningún procedimiento legalmente establecido ni ha infringido principio moral o ético alguno".
El propio Vivas reconoció ayer que en 2005 medió ante la empresa Dragados para que contratase a Carlos Martín, el ciudadano que grabó con cámara oculta la conversación en la que le pidió ese favor al líder del Ejecutivo, imágenes que han sido colgadas en Youtube.
"Hablé con la empresa contratista de las necesidades de esta persona, fue contratada y le perdí la pista", admitió entonces el jefe del Ejecutivo autonómico, que consideró su acción una forma de "ayudar a una familia sin quebrantar ningún principio ético ni legal". "Voy a seguir haciéndolo porque mi obligación es ayudar a la gente", advirtió.
Vivas dejó claro que la ayuda prestada lo fue "a cambio de nada" y no se apartó en ningún caso de la legalidad, ya que su gesto tenía el único fin de "ayudar" a la pareja, que previamente había pasado una noche acampada ante el Palacio autonómico. Igualmente detalló que la vivienda protegida que se les adjudicó lo fue "en la Comisión Local de la Vivienda, donde tiene representación la oposición", después de comprobar que la casa en la que vivían no se encontraba en las debidas condiciones de habitabilidad.