El Gobierno crea un registro de mediadores para resolver conflictos en asuntos civiles y mercantiles

Publicado 13/12/2013 14:33:46CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que desarrolla la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, a través de la creación de un registro que facilitará la publicidad de los profesionales y las instituciones de mediación dedicadas a esta materia.

A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha aprobado un real decreto que configura al mediador como el responsable de dirigir un procedimiento encaminado a facilitar el consenso en situaciones de conflicto.

El texto centra su actividad en cuatro aspectos: la formación, la publicidad a través de un registro dependiente del Ministerio de Justicia, el aseguramiento de su responsabilidad y la promoción de un procedimiento simplificado de mediación a través de medios electrónicos para reclamar cantidades inferiores a 600 euros.

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

La formación del mediador parte de una "concepción abierta", en la que, con una duración mínima de 100 horas, se asegura una parte teórica y otra práctica, que supondrá al menos el 35 por ciento del total. Además, se contemplan unos requisitos mínimos para asegurar la actualización de sus conocimientos.

El Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, que facilitará la publicidad y transparencia de esta actividad, consistirá en una base de datos informatizada a la que se accederá gratuitamente a través de la página web del Ministerio.

Este registro constará de tres secciones: una dirigida a mediadores, otra centrada en los mediadores concursales y una tercera para las instituciones.

Sólo será obligatoria la inscripción de los mediadores concursales en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La inscripción de los demás expertos será voluntaria y permitirá acreditar la condición de mediador.

Además, el real decreto articula un contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente a fin de cubrir los daños y perjuicios derivados de su actuación y determina en qué consistirá y qué requisitos hay que cumplir para poder acudir al procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para la reclamación de cantidades que no superen los 600 euros.

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