MELILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha considerado que la decisión de la Audiencia Provincial de desimputar al coronel de la Guardia Civil en Melilla dictaminando que no hay prevaricación en el operativo fronterizo de la Benemérita frente a los saltos masivos, respalda su actuación en las vallas de Ceuta y Melilla.
A través de un comunicado de prensa, el representante gubernamental se ha congratulado del fallo judicial que "sirve para fortalecer el respaldo legal y gubernativo a las funciones que desempeña la Guardia Civil en la valla de Melilla".
El Barkani ha insistido en que España "tiene la obligación --en su doble condición de estado soberano y miembro de la Unión Europea situado en la frontera exterior del espacio Schengen-- de proteger, vigilar y salvaguardar sus límites fronterizos".
De hecho, ha subrayado que tal cual señala el auto nº83/15 de la Sala permanente de la Audiencia de Málaga en Melilla, "el Estado tiene el derecho y deber de controlar sus fronteras" y las vallas de Melilla y Ceuta no tienen otra "finalidad" que la de "constituir un obstáculo dirigido a impedir el paso clandestino de inmigrantes".
El auto considera igualmente que el "concepto operativo" que marca la actuación de la Guardia Civil en el vallado fronterizo "viene siendo utilizado por el Gobierno español prácticamente desde la misma construcción de la valla" en el año 1998.
Asimismo, añade que dicho concepto operativo atiende a la necesidad de dar respuesta "a los asaltos masivos de la frontera con la finalidad de entrada ilegal de numerosas personas no identificadas, en abierta oposición a las órdenes emitidas por las autoridades competentes y con empleo en ocasiones de violencia para vencer la fuerza policial opuesta al ilegítimo acceso".
"En conclusión --señala el auto--, las resoluciones administrativas siguen el criterio adoptado por la Dirección General de la Guardia Civil para las entradas masivas de inmigrantes por la valla fronteriza de Melilla", en coincidencia con la política del Estado español desde la construcción de la valla y resolviendo "los asaltos masivos de inmigrantes en favor de la seguridad de las fronteras exteriores del Estado".
Un proceder --considera el dictamen judicial-- "acorde con la reforma legislativa que se está operando actualmente en esta materia" y que ha hecho posible la entrada en vigor, el pasado día 1 del mes en curso, de la nueva disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que prevé las especiales circunstancias de nuestra frontera sur y otorga aún mayor respaldo y cobertura legal a la difícil labor de la Guardia Civil en las vallas de Melilla y Ceuta.
Para el delegado del Gobierno, el auto representa "un claro respaldo judicial a una actuación legal que busca promover una inmigración regular y ordenada en contraposición a la inmigración irregular y desordenada que, actualmente, alientan y gestionan las mafias que trafican espuriamente con seres humanos, poniendo en serio riesgo la vida de los propios inmigrantes".
