MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Ministros ha acordado este viernes pedir a la Mesa del Congreso que revoque su decisión de admitir a trámite la proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de aplicación de la ley de educación (LOMCE), y ha avisado de que si no lo hace el Ejecutivo planteará un conflicto ante el Tribunal Constitucional. Así lo ha explicado el Ministerio de Educación en un comunicado, después de que el responsable de este departamento y ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, anunciase en rueda de prensa que el Gobierno ha acordado pedir a la mesa que revoque la admisión a trámite de dos iniciativas del PSOE: La relativa a la LOMCE, que supuso esta semana la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno, y una segunda que pretende la reforma del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados, pendiente aún de debatirse en el Pleno. El Gobierno trató de ejercer su derecho de veto a estas dos iniciativas alegando que suponen menoscabo económico, pero la Mesa de la Cámara, donde el PP está en minoría, rechazó el veto. Si el enfrentamiento llega al Tribunal Constitucional será el segundo, en apenas unos meses, entre Ejecutivo y el Legislativo, ya que el pasado junio el Congreso --el que salió de las elecciones de diciembre-- denunció al Gobierno por negarse a ser controlado por la Cámara alegando estar en funciones. La nueva pugna entre ambos poderes se debe a que el Gobierno considera que la mesa del Congreso está incurriendo en un "menoscabo contrario a Derecho" de la potestad del Ejecutivo para vetar iniciativas que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos, tal como está recogido en el artículo 134.6 de la Constitución y en el 126 del Congreso. En palabras de Méndez de Vigo, el Gobierno cree que cuando la Mesa decidió rechazar el veto "no apreció correctamente ese derecho constitucional". Según ha dicho, la paralización de la LOMCE supone una pérdida de ingresos de 600 millones de euros en fondos europeos. El también ministro de Educación ha querido subrayar que, a efectos prácticos, la paralización de la LOMCE ya está en marcha porque el Gobierno se ha comprometido a hacerlo. Sin embargo, el Gobierno no cederá en lo que considera un "debate constitucional". No es que el Ejecutivo pretenda imponer su criterio, ha argumentado, sino que cuando los Presupuestos se aprueban hay que cumplirlos y para modificarlos hay que seguir unos procedimientos y no puede hacerse con una decisión de los partidos de oposición en el Parlamento. Las dos proposiciones del PSOE objeto del conflicto obtuvieron la luz verde de la Mesa del Congreso el pasado 18 de octubre. En esa ocasión, el Ejecutivo presentó ocho vetos más, que han quedado en suspenso al pedir la Mesa de la Cámara informes a los servicios jurídicos. El pasado 3 de noviembre el Gobierno vetó otras tres proposiciones de ley. La capacidad del Ejecutivo de vetar iniciativas pone en riesgo la intención de los partidos de oposición --especialmente del PSOE-- de sacar adelante propuestas en contra de la opinión del PP, que aritméticamente está en minoría en la Cámara. El propio Gobierno ha explicado que el pedir a la Mesa de la Cámara que reconsidere su decisión es "el trámite previo" a llevar el asunto al Tribunal Constitucional. La petición se hace a instancias de los Ministerios de Edudación y de Presidencia --que dirige Soraya Sáenz de Santamaría--. El Ejecutivo ha explicado que ya el pasado 14 de octubre, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, comunicó a la Cámara que el Gobierno quería vetar la propuesta de la LOMCE, y lo acompañó con un informe de Educación para acreditar que ellos supondría la pérdida de ingresos del Fondo Social Europeo. Sin embargo, la Mesa consideró que la pérdida de ingresos no estbaa justificada de forma objetiva y suficiente. Para el Gobierno, eso es contrario a la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de julio de 2006 que señala que la Mesa no puede "emitir un juicio sobre el carácter manifiestamente infundada o no de tal oposición" porque eso supondría trasladar a la Cámara una facultad que es del Ejecutivo. Conforme a los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Gobierno tenía un mes para pedir a la Mesa que revoque su decisión. Si no lo hace, el Ejecutivo acudirá al TC. En cambio, si la Mesa se echase atrás, ello supondría la anulación de todas las actuaciones posteriores, incluida la votación del pleno del Congreso en la que se aprobó la toma en consideración de la ley, lo que suponía la iniciación formal de su tramitación parlamentaria.
