Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/09/2010 15:49
El Gobierno espera presentar antes del 28 de noviembre, fecha de las próximas elecciones autonómicas catalanas, el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá crear los consejos de Justicia autonómicos, según han informado fuentes del Ejecutivo.
La reforma de esta ley es el primero de los compromisos adoptados por el Gobierno el pasado 20 de agosto para intentar recuperar los aspectos del Estatuto de Cataluña que fueron anulados por el Tribunal Constitucional por motivos de forma. El único artículo que anuló íntegramente el Tribunal fue el que creaba el Consejo de Justicia de Cataluña --lo tildó de "evidente exceso"-- y, además, revocó parte de sus competencias.
El TC estimó que, según la Constitución, el órgano de gobierno de los jueces no es otro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) . Y, aunque abrió la puerta a posibles fórmulas de "desconcentración" dejó claro que éstas deberían hacerse en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no en un Estatuto autonómico. El Gobierno ya intentó durante su primera legislatura crear consejos autonómicos de justicia, pero no obtuvo el consenso necesario.
No obstante, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha mostrado cauto sobre fechas y plazos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque el anteproyecto debe ser examinado por el Consejo Fiscal y el CGPJ antes de convertirse en un proyecto de ley que pueda ser enviado al Congreso de los Diputados y el Ejecutivo no puede predecir cuánto tiempo tardarán. "El Gobierno trabaja intensamente en él", ha dicho Caamaño, sin querer "acotar" ningún plazo. Por su parte, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial ha hablado esta misma semana de "corto plazo".
En todo caso, Caamaño sí ha dejado claro que el Gobierno desarrollará el "mandato legislativo a través de la ley que el Constitucional ha indicado" y ha recordado que todos los Estatutos autonómicos de nueva generación incluyen la creación de un Consejo de Justicia, de manera que la medida no beneficiará sólo a Cataluña. "Todas las fuerzas en el Congreso y mayoritariamente los ciudadanos de esas comunidades autónomas han apostado decididamente por que existan", ha argumentado.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido en el compromiso del Gobierno central "con Cataluña y con los catalanes", recalcando que este compromiso "trasciende las elecciones" y que se está demostrando desde la pasada legislatura, cuando el Gobierno apostó por el 'Estatut'.
Así, ha dicho que el Ejecutivo va a seguir fortaleciendo el autogobierno catalán, ahora a partir de la sentencia del Constitucional, para "dar cauce a las aspiraciones legítimas identitaras del pueblo de Cataluña". Además, la portavoz del Ejecutivo se ha mostrado "plenamente de acuerdo" con la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar los recursos de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares contra el 'Estatut'.
Por último, preguntada sobre si el nuevo ministro de Trabajo, que sustituirá a Celestino Corbacho, debería proceder también de Cataluña, la vicepresidenta ha recordado que la conformación del Ejecutivo es una facultad personal y exclusiva de su presidente.