MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Mariano Rajoy ha recordado este martes, el mismo día que la Generalitat ha declarado desierto el concurso para adquirir 8.000 urnas, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJM) ya admitió a trámite la pasada semana una querella contra una consejera de la Generalitat relativa a a la adquisición de urnas para el referéndum. A su entender, esa decisión del tribunal es importante porque el proceso ya está en marcha, según fuentes del Ejecutivo del PP.
En concreto, la Consejería de Gobernación de la Generalitat ha declarado desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas, aunque no renuncia a disponer de ellas a través de otro procedimiento. Desde el Gobierno catalán han señalado que ninguna de las dos empresas que optaban a hacerse con la licitación para fabricar 8.000 urnas ha superado los trámites previstos.
En cualquier caso, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha asegurado que mantienen "intacta" la voluntad de comprarlas porque "para hacer un referéndum se requieren urnas". Por eso, ha dicho que analizarán todas las vías posibles en el marco de la legalidad para comprarlas, y optarán por la que ofrezca "más garantías".
EL PROCESO PARA ACTUAR YA ESTÁ EN MARCHA
Fuentes del Ejecutivo del PP admiten que al tener "monitorizada" toda la Administración siguen todos los pasos y les "extrañaba" que el Gobierno que dirige Carles Puigdemont hubiera tardado tanto en pronunciarse sobre la adjudicación del concurso.
Pero ante el hecho de que la Generalitat haya declarado desierto ese concurso, desde el Gobierno de Mariano Rajoy recuerdan que "está admitida a trámite una querella" contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borrás, por la adquisición de urnas.
Las mismas fuentes subrayan que ese paso es importante porque el proceso ya está en marcha. Ese procedimiento arrancó cuando la Fiscalía se querelló contra la consellera Borràs y el ya ex secretario general del departamento, Francesc Esteve, al entender que las urnas podrían usarse para el referéndum anunciado para el 1 de octubre.
El pasado 20 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió la querella de la Fiscalía General del Estado por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.
