MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha informado este viernes del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros para interponer un recurso de Inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
El Gobierno alega que la ley extremeña "es una intromisión en competencias del Estado", tanto "en el contenido como en la inembargabilidad de las ayudas económicas", ha asegurado Méndez de Vigo. Si bien el portavoz ha traslado la sensibilidad del Gobierno sobre lo que considera un tema "importante", ha llamado a alcanzar un acuerdo a nivel nacional y ha reivindicado el pacto estatal de Sanidad del Senado.
"Empezar a cuartear la unidad territorial es mala idea, el Gobierno cuenta con la voluntad de llegar a un acuerdo que afecte a todo el territorio no a una comunidad autónoma", ha afirmado.
La ley extremeña permite el acceso a la asistencia sanitaria pública a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, por lo que el Gobierno considera que la ley amplia el ámbito subjetivo de cobertura en materia sanitaria.
En este caso, el Ejecutivo no pide la suspensión de la Ley y se va a llevar a cabo una modificación legislativa para evitar los embargos de las ayudas sociales en caso de emergencia social.
La propuesta ha sido elaborada de conformidad con los criterios manifestados por los Ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Justicia, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado.
LEY EXTREMEÑA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
La Asamblea de Extremadura aprobó el pasado mes de julio con los votos de PSOE y Podemos y la abstención del PP y Ciudadanos la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que busca proteger la salud y el acceso a la vivienda, además de asegurar unos mínimos vitales en cuanto a agua y energía.
Más de 80 enmiendas fueron presentadas por los grupos parlamentarios extremeños, de las que se incorporaron al texto final la mayoría, muchas de ellas transaccionadas.
Desde el grupo popular extremeño ya se advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del contenido de la norma en lo referido a la universalización de la sanidad.
