El Gobierno recurre al TC la ordenación del sistema universitario de Aragón

 
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El Gobierno recurre al TC la ordenación del sistema universitario de Aragón

Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros
EUROPA PRESS
Publicado 28/10/2016 15:31:43CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenación universitaria aprobada por el Gobierno de Aragón que impide a un centro superior privado duplicar estudios que ya ofrezcan los centros públicos universitarios.

Según ha explicado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros de hoy, se recurrirá el artículo 49 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se incluyó esa nueva ordenación de estudios.

Esta solicitud de recurso se lleva a cabo después de que la negociación prevista entre ambas partes no haya dado resultado. El Gobierno pide además al Tribunal Constitucional la suspensión de la norma.

El citado artículo 49 promueve una modificación del artículo 5 de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón que tiene por objeto regular la programación universitaria, su formación y efectos.

En concreto, según ha explicado el Gobierno, impone una prohibición que se entiende contraria al ordenamiento jurídico y que establece, literalmente, que "en todo caso, la implantación de nuevas enseñanzas de Grado en centros de educación superior privados no podrá suponer la duplicidad de las enseñanzas existentes en los centros universitarios de Huesca, Teruel y la Almunia de Doña Godina".

El Consejo de Ministros considera que este precepto infringe la autonomía universitaria reconocida en el artículo 27 de la Constitución, y los artículos 3 y 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, tal y como ha apreciado el Consejo de Estado en su dictamen.

En concreto, la vulneración del derecho a la autonomía de las universidades se produce al introducir una prohibición injustificada a operadores del ámbito de la enseñanza superior de carácter privado para decidir sobre los títulos de grado que consideran adecuados incluir en su oferta docente.

Además, la ley autonómica incurre según el Ejecutivo en una restricción al principio de libertad de empresa en relación con los centros privados y vulnera los artículos 3 y 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al ser la medida innecesaria y desproporcionada, y resultar discriminatoria.

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