Incumplió la normativa al no informar de la pensión alimenticia que le pagaba su exmarido
VITORIA, 23 Mar. (EUROPA PRES) -
La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha defendido la suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos a una mujer víctima de violencia de género y con cuatro hijos a su cargo --tres de ellos con discapacidad-- porque, "por muy duro que parezca", Lanbide "aplicó la ley" al retirarle la RGI por no comunicar los ingresos esporádicos que recibía por la pensión alimenticia que le aportaba su exmarido.
Artolazabal ha respondido este viernes, en el Parlamento Vasco, a una pregunta de Elkarrekin Podemos sobre el caso de esta mujer, residente en Santurtzi (Vizcaya), que ha motivado incluso el reproche del Ararteko --Defensor del Pueblo Vasco-- por los "importantes fallos de coordinación" de las administraciones implicadas.
Esta mujer, víctima de violencia de género y con cuarto hijos a su cargo --tres de ellos con discapacidad-- sufrió una suspensión temporal de la RGI por un periodo de un mes y tuvo que devolver 1.000 euros a Lanbide, el organismo que gestiona esta prestación.
El motivo de la retirada temporal de la ayuda y de la reclamación de los 1.000 euros fue que la beneficiaria de la prestación no había comunicado a Lanbide los ingresos esporádicos que percibía por la pensión alimenticia que le aportaba su exmarido.
"ES UNA VERGÜENZA"
La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche ha denunciado que la actuación de Lanbide, organismo dependiente del Departamento de Emplo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, es "intolerable", y que lo ocurrido con esta mujer es "una absoluta vergüenza".
Guanche ha asegurado que este caso evidencia que Lanbide sitúa "el control pésimamente entendido por encima de las personas", y que "le guste o no" a Artolazabal, esta forma de actuar es un ejemplo de "violencia institucional contra las personas más vulnerables".
La consejera ha reprochado a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos que se piense que ella es "la única que defiende a las personas", y que presente a los miembros del Gobierno Vasco y a los responsables de Lanbide como a unos "tiranos sin corazón". "Yo no vengo aquí a hacer política barata", ha manifestado.
Artolazabal ha explicado que el Gobierno Vasco "defiende y acompaña" a las mujeres que denuncian haber sufrido violencia de género, que se benefician de unos criterios "más flexibles" que el resto de la población para poder acceder a la RGI y para el cálculo de los ingresos "computables" a la hora de determinar la cuantía que se recibe a través de esta prestación.
Entre esas "ventajas", ha señalado que a las víctimas de violencia de género sólo se les exige un año de antigüedad en el padrón para poder acceder a la ayuda, mientras que el resto de la población debe acreditar una antigüedad de tres años. Además, una mujer que haya sido víctima de violencia machista puede recibir la RGI a partir de los 18 años, en lugar de a partir de los 23 años, que es la edad mínima establecida para el resto de los casos.
"CASOS EXCEPCIONALES"
Por otra parte, las mujeres maltratadas también se benefician de unas condiciones diferentes para el cálculo de los ingresos que determinan si se tiene o no derecho a recibir la ayuda y por los que se regula la cuantía que puede recibir el beneficiario de la misma.
Beatriz Artolazabal ha recordado que, para las mujeres que se encuentran en esta situación, no se computan otras prestaciones que hayan podido obtener por su condición de víctimas de violencia de género, y que en "casos excepcionales" en los que exista un informe que así lo recomiende, no se exige documentar la percepción de pensiones alimenticias.
No obstante, ha asegurado que la mujer a la que se suspendió la RGI durante un mes "ha incumplido los compromisos adquiridos como beneficiaria" de esta prestación, dado que "no presentó documentación alguna" sobre los ingresos que obtenía a través de la pensión alimenticia. La consejera no ha explicado si esta mujer podría haberse acogido a la salvedad en la aplicación de este requisito que se permite en los casos excepcionales.
Por ese motivo, ha afirmado que se le retiró la prestación y se le reclamó la devolución de 1.000 euros "en cumplimiento de la normativa existente". "En este caso, por duro que parezca, se ha aplicado la ley", ha asegurado.
