Irene Montero se queja de que se impida que los ayuntamientos con cuentas saneadas puedan "mejorar la vida de la gente"
MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha negado su conformidad a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que Unidos Podemos registró en el Congreso para eximir de la regla de gasto a los ayuntamientos con superávit. Según alega el Ejecutivo, aprobar esa medida acabaría provocando un ajuste presupuestario de unos 6.847 millones de euros.
La proposición de ley, que Unidos Podemos relanzó hace una semana con los autodenominados 'alcaldes del cambio', pretende modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que la regla que limita el gasto no sea de aplicación a aquellos ayuntamientos que presenten equilibrio presupuestario o superávit en sus cuentas.
Tras registrarse la propuesta a finales de septiembre, el texto fue remitido al Gobierno que, según la Constitución, puede oponerse a la tramitación de iniciativa legislativas que alteren la política presupuestaria sea por supone un aumento del gasto o una disminución de los ingresos.
HAY QUE COMPENSAR EL GASTO DE UNOS
En un escrito que acaba de llegar al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno niega esa conformidad y veta la tramitación de la proposición de ley alegando que, de aprobarse, "se permitiría (a esos ayuntamientos) incrementar el gasto computable por encima de la tasa de referencia a medio plazo de la economía española, lo que automáticamente exigiría que otras Administraciones Públicas (resto de Corporaciones Locales, Administración Central, Comunidades o Fondos de Seguridad Social) tuvieran que limitar su crecimiento de gasto por debajo del crecimiento potencial del PIB, de forma que pudieran absorber el incremento de gasto de aquéllas".
"Por ello, y dado que el objetivo de estabilidad presupuestaria sigue en vigor, esta relajación en la contención del gasto no conllevaría necesariamente un déficit pero sí una reducción en el superávit para aquellas Corporaciones Locales que pudieran encontrarse en la situación aludida", reseñan.
En concreto, Hacienda calcula que, si las Corporaciones Locales alcanzaron en 2016 un superávit del 0,61% del PIB, la ley de Unidos Podemos conllevaría la desaparición de 6.847 millones de euros, que es la cantidad con la que cifra el superávit de estas Administraciones.
LA ESTABILIDAD QUE EXIGE LA UE
Y como el "garante" del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria exigida por Bruselas es el Estado, "si desapareciera ese superávit habría que hacer un ajuste equivalente de 6.847 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado", por lo que el Gobierno se niega a que la ley de Unidos Podemos siga su tramitación.
La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se ha quejado del veto del Gobierno, ha cuestionado sus argumentos y ha lamentado que se impida que ayuntamientos con cuentas saneadas puedan llevar a cabo políticas para "mejorar la vida de la gente". "No se de dónde saca el Gobierno el argumento para justificarlo", ha señalado en rueda de prensa.
