Gómez Benítez, acaba en Podemos tras ser elegido por Rubalcaba para negociar con ETA

 

Gómez Benítez, acaba en Podemos tras ser elegido por Rubalcaba para negociar con ETA

Actualizado 08/07/2015 14:44:38 CET

Abogado de confianza de Baltasar Garzón, fue vocal del CGPJ a propuesta del PSOE

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El penalista y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez, que ha sido incluido por Pablo Iglesias en su lista para conformar las candidaturas a las próximas elecciones generales, fue una de las tres personas elegidas por el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba para sentarse a negociar con ETA durante el último Gobierno socialista.

También destapó una auténtica tormenta en el órgano de gobierno de los jueces al denunciar los viajes a costa del erario público del presidente de este órgano, Carlos Dívar, quien acabó dimitiendo.

ABOGADO DE GARZÓN

Catedrático de Derecho Penal y letrado de confianza del que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Gómez Benítez fue designado vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y su paso por este órgano, donde mostró su carácter independiente al no aliarse con ningún sector en concreto, no estuvo exento de polémica por su actitud especialmente combativa con algunas prácticas y "privilegios" de la Judicatura, como los días libres de los que disfrutan los miembros de este colectivo de funcionarios.

Tras conocerse en 2009 que Gómez Benítez participó en las negociaciones con la banda junto con Javier Moscoso y Jesús Eguiguren, algo que el abogado nunca desmintió, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, cuestionó la conveniencia de que Gómez Benítez siguiera siendo vocal del Poder Judicial.

No obstante, desde este órgano siempre se defendió su labor y su alto nivel de conocimiento jurídico y "la responsabilidad y lealtad institucional" que vino demostrando, tal y como en su día señaló la portavoz del Consejo y actual consejera de Justicia de Valencia Gabriela Bravo.

Finalmente, el Consejo rechazó tramitar por "falta de fundamento y absoluta carencia de respaldo legal" un escrito que Manos Limpias remitió al presidente de este órgano, Carlos Dívar, solicitando el cese del vocal.

Por otra parte en noviembre de 2011 la propia Sala de lo Penal del Supremo declaró la inexistencia de delito en las negociaciones en relación con una denuncia que llegó a este órgano procedente de la Audiencia Nacional.

CASO DÍVAR

También fue Gómez Benítez quien destapó el denominado "caso Dívar" por los viajes de fin de semana que el que fuera presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ cargó al órgano, mediante una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que fue muy criticada desde fuera y dentro del órgano de gobierno de los jueces, que hubiera preferido manejar el asunto de forma interna.

En sus manifestaciones públicas, Gómez Benítez fue especialmente crítico con esta situación llegando a calificar de "apabullante la apariencia delictiva" de los viajes del presidente Dívar al entender que incurrió en malversación de caudales públicos. El Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones, si bien Dívar se convirtió en el primer presidente del Supremo que ha dimitido de su cargo en democracia.

DERECHO DE MANIFESTACIÓN

Por lo que se refiere a sus manifestaciones públicas, denotaron siempre gran contundencia, como cuando manifestó que modular la Ley de Manifestación, una sugerencia de la entonces delegada del Gobierno en Madrid y actual presidenta Cristina Cifuentes le parecía "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales".

"Pero más allá de lo que dice la Ley, que es bastante razonable, el derecho de manifestación se debe de producir allí donde es visible. No es razonable excluir el centro de la ciudad de las manifestaciones. Lo que hay que preocuparse es de las causas por las que hay tantas manifestaciones", indicó en su momento durante una entrevista radiofónica.

Su paso por el Consejo destacó por su especial interés en denunciar situaciones que provocaron malestar en ciertos sectores de la Judicatura, como cuando, ya bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, planteó un cambio en el régimen laboral de los jueces para eliminar algunos de los privilegios como los días libres para asuntos particulares o la inexistencia de un sistema de control objetivo del cumplimiento del horario de audiencia pública en los órganos judiciales.

En otra ocasión denunció que en torno al 50 por ciento de los órganos judiciales españoles soporta una carga de trabajo igual o inferior al estándar fijado por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que un gran número de jueces y magistrados, como mínimo un 10 por ciento, dedica la tarde a preparar opositores.

Por otra parte, otra de sus actuaciones pasó por solicitar
adopción de medidas de refuerzo de aquellos juzgados tramitan causas complejas relacionadas con la corrupción. Tras el análisis de las situaciones concretas por el propio Consejo, propuso que se apoyara aquellos que lo precisen con independencia de que lo solicitaran o no sus titulares.

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