SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, entrega hoy a la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, el proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad andaluza para 2009, que presenta un incremento del 5,6 por ciento y asciende a 33.764 millones de euros, lo que supone 1.802,2 millones más que este año.
El acto de la entrega tendrá lugar a las 10,00 horas en el Salón de Protocolo de la Cámara autonómica, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Asimismo, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno andaluz advirtió de que en esta ocasión se reduce "considerablemente" el empleo de papel a la hora de presentar las Cuentas para el año 2009, así como que el proyecto de ley será entregado en formato digital.
Con el registro de este proyecto de Ley comienza en el Parlamento andaluz la tramitación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2009.
Así, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado martes 28 de octubre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2009, con el principal objetivo de "luchar" contra la crisis económica, por lo que contempla un volumen total de recursos destinados a la inversión y a los sectores productivos de 8.620 millones de euros, un 11,9 por ciento respecto al año anterior (916 millones).
En este sentido, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, destacó que el Presupuesto para 2009 impulsará la actividad económica, la solidaridad y la financiación local para contrarrestar la crisis.
"El impulso de la actividad económica para crear empleo, el refuerzo de la solidaridad y el compromiso con la financiación de los ayuntamientos constituyen las principales bases del proyecto de Ley del Presupuesto", indicó Griñán, que también resaltó que en cuanto al ahorro, todos los programas presupuestarios se han revisado desde una perspectiva de máxima austeridad.
Así, entre otras medidas, se han congelado las retribuciones de altos cargos (lo que supondrá un ahorro de un millón de euros) y se ha limitado la oferta de nuevas plazas de servicios generales de la Administración, salvo en Educación, Justicia, Sanidad y Servicios Sociales y de Empleo.
